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La entidad especializada en el estudio de movilidad social resalta que mexicanas y mexicanos permanecen excluidos o sub atendidos por el Sector Financiero, y que dependen de amistades, familiares y actores informales para lograr sus metas financieras, sortear baches en el ingreso y proteger a su familia y patrimonio contra eventualidades.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) señaló en un documento de análisis la conveniencia de que la política pública en materia de inclusión financiera en México enfoque sus baterías en dos grupos de edades para logar un mayor impacto entre la población: los jóvenes y los adultos mayores.
Refiere que el bajo uso de productos financieros en el país es un obstáculo para la movilidad social. El Panorama Anual de Inclusión Financiera del 2022 arrojó que al cierre del 2021 había 15,465 sucursales bancarias, 48,845 corresponsales y 60,435 cajeros automáticos. Esto se tradujo en 1.3 sucursales bancarias por cada 10,000 personas adultas, esto es, inferior a la relación que reportaron Honduras y Brasil.
“Muchas mexicanas y mexicanos permanecen excluidos o sub atendidos por el sector financiero y dependen de amistades, familiares y actores informales para lograr sus metas financieras, sortear baches en el ingreso y proteger a su familia y patrimonio contra eventualidades”, expusieron los investigadores principales del proyecto, Gustavo del Ángel Mobarak y Ana Laura Martínez, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y de Conahcyt, respectivamente, apoyados en el CEEY.
En México se observa un menor uso de servicios financieros por parte de los adultos mayores, lo que es contradictorio con una visión tradicional de la teoría del ciclo de vida. Esto es producto de muchos factores, donde los especialistas no descartan formas de “edadismo”, un término que refiere una marginación o exclusión de los adultos mayores. A pesar de que existe una literatura vasta en el tema, sin embargo, no hay muchos estudios acerca de los servicios bancarios y financieros. Ni en México ni en varios países.
Dentro del grupo de jóvenes, el análisis tomó en cuenta a la población de entre 18 y 29 años que es el segmento de edad (etario) más amplio de la población mexicana. A pesar de ser un objetivo importante para los programas sociales del actual Gobierno -y presumiblemente, de su sucesor- presenta una baja inclusión de los servicios financieros. Los argumentarios indican que los impactos ocurren en las y los mexicanos en dos momentos clave: cuando forman sus hábitos financieros, y en la etapa cuando más necesitan de dichas herramientas y servicios.
Citando estudios del CEEY, los investigadores aseveran que los productos y servicios vinculados al ahorro, los transaccionales y los de aseguramiento permiten a las personas formar un patrimonio y fortalecer la inversión en el capital humano, donde sea posible enfrentar financieramente las necesidades de salud y de educación dentro de las familias.
“El acceso y el uso adecuado de los servicios financieros contribuye al bienestar de los hogares, en principio, porque proporciona herramientas para formar un patrimonio e invertir en el capital humano de las personas, contar con instrumentos para enfrentar riesgos, tener acceso a medios de financiamiento para emprender o aprovechar oportunidades, y transferir recursos entre personas y en el tiempo”, indican los investigadores. Consecuentemente, agregan, el uso de productos financieros tiene un impacto en la movilidad social ascendente de las personas.
Además de los dos grupos de la población citados, Mobarak y Martínez mencionan un segundo canal de acceso al financiamiento, esto es, el de productos y servicios que permitan el emprendimiento y, en general, la inversión productiva. La actividad empresarial, a cualquier escala, es considerada una vía para la movilidad social ascendente, señalan, citando a otros estudiosos.
Señalan que otros factores que contribuyen al “edadismo” son el ingreso, la educación y la brecha digital, principalmente en la tenencia y uso de teléfonos inteligentes.
“Esto es un tema que se ha desatendido de la política pública y de las propias instituciones financieras, y que se hace más importante en la medida que la población envejece”. Los adultos mayores representan hoy cerca del 15 % de la población total del país, pero en 2040 será cerca del 25%.
¿A la vanguardia?
Los investigadores del CIDE y el Conahcyt aseveran que la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) de México, que data del 2020, es el proyecto de inclusión financiera “más comprensivo y ambicioso” inclusive si compara con “estrategias análogas de otros países”.
Los principales lineamientos de la política pública para la inclusión financiera en México, contenidos en la PNIF, y representados por el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, tiene además la participación de varias instancias de Gobierno.
Responde además a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 2019 al 2024 que plantea como líneas de acción fomentar no solo la inserción de población excluida de estos servicios, sino también un mejor uso de ellos en su beneficio. Otro aspecto relevante es que busca desarrollar capacidades financieras y mejorar la salud financiera de los individuos y hogares, así como empoderar a los usuarios (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, 2020).
Los investigadores apuntan que el programa es comprensivo por los objetivos que cubre, desde el acceso e inclusión al Sistema Financiero, hasta el desarrollo de la infraestructura del sistema, la promoción de uso de pagos digitales, el fortalecimiento de las capacidades financieras de la población y el mayor acceso a herramientas de información y mecanismos de protección al usuario. También toma en cuenta el impulso a la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad, población rural, y enfoque de género.
Sin embargo, Mobarak y Martínez apuntan a que un elemento importante a considerar es la salud financiera de los hogares, “lo cual había sido muy discutido entre especialistas del medio, pero no abordado directamente por la política pública”.
