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Para el CCE no es momento de reformar la constitución por el proceso electoral. Según el IMCO, dañarán la competitividad del país.
Dos de los principales organismos del sector privado —el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)— rechazaron las iniciativas de reforma a la constitución anunciadas ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador.-
El CCE expuso que “el día de ayer, el Ejecutivo Federal presentó un paquete de 20 iniciativas de reformas a la Constitución y leyes secundarias, que impactan la estructura del gobierno, la división de poderes, al régimen democrático y la competitividad del país”.
“En el contexto polarizado y los tiempos electorales que vivimos —alertó— será difícil conseguir el ambiente de reflexión serena e imparcial para analizarlas y discutirlas”.
Al interior del CCE “revisaremos detenidamente el contenido de las iniciativas, y al hacerlo argumentaremos a favor de la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que México forma parte”.
Específicamente, “las propuestas relacionadas con la integración y facultades del Poder Judicial, la organización electoral, la integración del Poder Legislativo y la desaparición de los órganos reguladores con autonomía constitucional, representan modificaciones profundas que trastocan el régimen político que hemos construido con contrapesos y equilibrios democráticos, y que deben, en su caso, ser producto de un amplio consenso en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos”.
El CCE advirtió que “la importancia de estas reformas amerita un análisis imparcial, profundo y detenido, con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, que no es posible realizar en este momento”.
REFORMAS QUITAN COMPETITIVIDAD: IMCO
Por separado, el IMCO alertó que “las reformas no solo son ambiciosas en su alcance, sino que, de llevarse a cabo, demandarían cambios institucionales profundos, incluída una reforma fiscal que permitiera financiar, especialmente, la modificación al sistema de pensiones”.
Sobre la reforma en materia de pensiones, señaló que “la iniciativa contraviene el objetivo principal del sistema de ahorro para el retiro vigente actualmente, que fue garantizar la sostenibilidad fiscal del país”.
“En caso de ser aprobada —continuó— una reforma de esta naturaleza responsabilizará al Estado mexicano de un pasivo que se incrementará a medida que aumente la población de 65 años y más en el país, la cual se prevé que se duplique en los siguientes 26 años, de 11.4 millones en 2024 a 24.9 millones en 2050”.
Además, “este compromiso financiero se adquiriría en un momento en el que las pensiones ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público federal (22% del total, incluyendo las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores), por lo que un incremento adicional limitaría aún más la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios, en detrimento de distintos sectores de la población y de la competitividad del país”
Con respecto a los salarios mínimos, el IMCO expuso que “la reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al SM tomen en cuenta —además de la inflación— factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores”.
“De lo contrario —alertó también el IMCO— pueden representar un incentivo para la informalidad o un obstáculo para el crecimiento y la generación de empleos, al ejercer presión sobre los costos enfrentados por los productores”..
