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Las declaraciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en las que señala que el esquema fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) no es confiscatorio y que la inversión pública directa en la paraestatal se ha incrementado, resultan mentirosas y absurdas.
Actualmente las ventas anuales de esta empresa superan 1 billón de pesos, es decir, sus ingresos representan el equivalente a 50 años del presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo; o al presupuesto del Seguro Social durante casi todo un sexenio.
El problema que enfrenta la paraestatal tiene su origen en el tratamiento fiscal y presupuestario que se le ha dado a la empresa, mismo que se deriva de las fallas que presenta el sistema hacendario del país.
Así, por ejemplo, de acuerdo con datos de Pemex, se observa que de 2000 a la fecha, mientras que esta empresa ha registrado ventas acumuladas por 6 billones 307 mil millones de pesos, ha entregado ingresos a las arcas nacionales por 5 billones 200 mil millones de pesos, cifra que significa 81 por ciento de sus ventas.
Contrariamente, si revisamos los recursos presupuestarios que para el mismo periodo se han destinado a la inversión pública directa en Pemex –sin incluir Pidiregas– nos damos cuenta que éstos ascienden aproximadamente a 180 mil millones de pesos, cifra que representa, apenas, 3 por ciento de sus ventas totales.
Es pertinente señalar que la elevada carga fiscal a la que Pemex es sometida tiene su origen en el sistema tributario, mismo que tiene grandes “huecos”, es decir, que mantiene la existencia de “regímenes fiscales especiales” que permiten que las grandes empresas prácticamente no paguen impuestos.
Para corroborar lo anterior, sólo basta mencionar que mientras que las empresas aportan entre 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución al pago sobre el impuesto sobre la renta como porcentaje del PIB ha sido de 2.5 por ciento en promedio durante los últimos siete años.
En tanto, la contribución fiscal de los asalariados que generan 25 por ciento del ingreso nacional ha sido en promedio de 2.25 por ciento, en ese mismo lapso.
Aunque la contribución de las empresas debería ser al menos del doble de la de los asalariados, en virtud de que contribuyen con el doble a la generación de ingreso, no sucede así gracias a los “regímenes fiscales especiales”.
Estos “huecos”, combinados con la deficiente administración tributaria, han obligado a que a Pemex se le tengan que confiscar prácticamente todos sus ingresos para financiar un creciente y desmesurado gasto público corriente, que se ha privilegiado por encima del gasto en infraestructura productiva.
Así, por ejemplo, en 2005, a pesar de que Pemex tuvo ventas por 925 mil millones de pesos, registró una pérdida de 76 mil millones de pesos, mientras que Telmex, que tuvo ventas por 162 mil millones de pesos –es decir, 17 por ciento de lo que vendió Pemex–, registró una utilidad neta de 28 mil millones. Otro ejemplo: Wal Mart tuvo ventas por 165 mil millones de pesos y su pago de ISR representó sólo 2.4 por ciento de sus ventas totales.
Impacto de la carga fiscal en Pemex
Esta situación fue advertida por la propia Auditoría Superior de la Federación, la que aun antes de que este Congreso aprobara la mal llamada reforma fiscal, señaló que durante 2005 (cuando Pemex registró una pérdida de operación por haber entregado todos sus ingresos al fisco), 50 grandes contribuyentes pagaron en promedio 74 pesos por concepto del impuesto sobre la renta. Señaló textualmente:
“Se detectaron 50 grandes contribuyentes, cuyos pagos individuales de ISR en 2005, deducidas las devoluciones, fueron menores a 74 pesos; esto debido a que las devoluciones efectuadas en el periodo 2001-2005, por 604 mil 300 millones de pesos, superaron en 216 por ciento al incremento en la inversión privada que fue de 279 mil 832 millones de pesos, lo que contradice la hipótesis de que una menor tributación –como en rigor implican las devoluciones– que libera recursos a los particulares para incrementar la inversión en capital. Por ello se genera una situación de privilegio para unos cuantos contribuyentes que contraviene el principio de equidad fiscal”.
Estos privilegios, lejos de corregirse, se han acentuado. Para 2007, de acuerdo con los informes presentados a la Bolsa Mexicana de Valores y que no incluyen las devoluciones de impuestos hechas a estas empresas y bancos, se observa que 13 grandes empresas, seis instituciones bancarias y tres grupos aeroportuarios, a pesar de registrar ventas o ingresos que en conjunto ascendieron a 1 billón 600 mil millones de pesos, su pago de impuestos apenas ascendió a 72 mil 641 millones de pesos; lo que representó, en promedio, apenas el 4.4 por ciento de sus ingresos.
Sin embargo, los impuestos diferidos ascendieron a poco más de 130 mil millones de pesos, lo que significa que debido a la existencia de tratamientos fiscales especiales, como lo son la consolidación fiscal o la depreciación acelerada de activos, durante 2007, por cada peso que estas empresas e instituciones bancarias le entregaron al fisco, este último les permitió “diferir” en promedio 51 centavos.
De estas empresas sobresale el caso de Cemex, que registró un incremento de 20 mil 188 millones de pesos en sus impuestos diferidos, al pasar de 30 mil 119 millones en 2006 a 50 mil 307 millones en 2007; esto significó que por cada peso de impuestos que pagó, se le permitieron diferir 10.5 pesos.
También resaltan los casos de Telcel, Telmex y Grupo Carso, quienes en conjunto aumentaron sus impuestos diferidos entre 2006 y 2007, para ubicarlos en 38 mil 197 millones de pesos, lo que en promedio significó que por cada peso pagado difirieran 1.32 pesos.
Cabe señalar que las recientes reformas fiscales aprobadas, que incluyen al impuesto empresarial de tasa única (IETU), no resolvieron esta situación, por lo que la política tributaria sigue siendo altamente adversa para Pemex.
Para mostrar lo anterior sólo basta mencionar que, de acuerdo con el Presupuesto de Gastos Fiscales 2008, entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados, se observa que de los 772 mil 364 millones de pesos que se dejarán de recaudar por concepto de tasas diferenciadas en los distintos impuestos, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades, estímulos, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, el 26 por ciento, es decir, 202 mil 144 millones de pesos, corresponde directamente a conceptos relacionados con prácticas fiscales elusivas que llevan a cabo las “grandes empresas”.
Lo anterior, a pesar de que tanto Agustín Carstens como Felipe Calderón en su momento señalaron que el IETU tenía como objetivo “acabar con los paraísos fiscales en que tributaban las grandes empresas”; la realidad refleja que no fue así y que la falta de recaudación por este concepto es lo que ha impedido disminuir de manera significativa el régimen fiscal confiscatorio que Pemex enfrenta.
Al respecto, conviene subrayar que, de acuerdo con información de Pemex, se observa que es una de las empresas petroleras con mayor carga fiscal en el mundo.
La inversión pública directa en Petróleos Mexicanos –excluyendo Pidiregas, ya que es inversión privada– se ha reducido al mínimo, ya que pasó de representar 2.9 por ciento del PIB en 1982 a 0.57 por ciento del PIB en 2007.
Contrario a lo que debería hacerse, se han diseñado esquemas poco transparentes, costosos financieramente y con nulo impacto para la demanda de insumos nacionales y de mano de obra, llamados Pidiregas, que han permitido sustituir a la inversión pública por inversión privada y que, paradójicamente, han generado “deudas para Pemex”.
A todo esto hay que añadir que las aportaciones fiscales de Pemex no se reducen al pago de impuestos y derechos, sino que incluyen el llamado superávit primario, restricción que se le impone con el único fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno sin que se refleje en su balance presupuestal.
Por ello y si bien el Congreso decidió modificar el régimen fiscal de Pemex a partir de 2006, lo cierto es que en la práctica el alivio que ese cambio suponía para la paraestatal fue completamente nulificado, por la imposición del “superávit primario” que fue de 147 mil millones en 2007 y será de 135 mil millones para 2008, con lo que se le habrán congelado recursos a Pemex por más de 270 mil millones de pesos en los dos últimos años.
En materia de excedentes petroleros nadie sabe con precisión en dónde se encuentran o a qué han sido destinados.
Se dice que gran parte de ellos se han esfumado en la importación de gasolinas y en el “subsidio a la gasolina”.
Sin embargo, datos de Pemex muestran que durante el primer trimestre del presente año, el precio al que se importó la gasolina fue inferior al precio de venta a los distribuidores del país.
De tal manera que, para el primer semestre del año, el costo neto total de la importación de gasolinas, descontado el precio al que se vende internamente, apenas representó el 8.4 por ciento de los excedentes petroleros, que se ubicaron en 92 mil 276 millones de pesos.
Cabe destacar que durante los primeros 18 meses de la administración calderonista, los excedentes petroleros ascienden ya a 236 mil millones de pesos.
*Secretario de la Hacienda Pública del “Gobierno Legítimo”
