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Por: Mtro. Eduardo Daniel Quiroz Quintero

El sector del retail en México atraviesa una transformación estructural que ha desplazado su centro de gravedad desde la comercialización de bienes hacia la oferta de servicios financieros cada vez más complejos. Esta transición ha colocado a las empresas ante una encrucijada regulatoria sin precedentes frente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La CNBV ha intensificado el control sobre este modelo híbrido de negocio con el propósito de contener riesgos sistémicos dentro de un ecosistema que, hacia inicios de 2026, ya rebasa las 700 empresas con algún nivel de actividad financiera digital. En este escenario, el organismo no se limita a supervisar, sino que ejerce una fiscalización activa bajo un enfoque basado en riesgos, exigiendo que las organizaciones operen mediante licencias formales al amparo de la Ley Fintech o a través de esquemas de Banking as a Service (BaaS). Esta exigencia implica cumplir con requerimientos de capitalización y reservas técnicas que antes correspondían únicamente a la banca tradicional, lo que puede presionar el capital de trabajo destinado al inventario comercial al obligar a mantener niveles específicos de liquidez.

Un aspecto fundamental que no debe pasarse por alto es la responsabilidad compartida de la banca tradicional dentro de esta estructura. Al fungir como soporte financiero del retail, las instituciones bancarias asumen una obligación legal y ética de asegurar que la colocación de crédito no derive en la generación de activos tóxicos. En ese sentido, existe una corresponsabilidad implícita en la vigilancia de los criterios de otorgamiento aplicados en el punto de venta, ya que, si la banca permite que su infraestructura se utilice para colocar deuda sin una evaluación estricta de la solvencia, termina por aceptar una fragilidad que pone en riesgo tanto su propia estabilidad financiera como la del sistema en su conjunto.

El cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Conocimiento del Cliente (KYC) se ha convertido en una responsabilidad operativa compartida, ya que la CNBV incorpora criterios de resiliencia operativa que obligan a las instituciones bancarias a mantener una supervisión permanente sobre sus socios comerciales.

Al mismo tiempo, esta exigencia regulatoria converge con un entorno en el que la capacidad de respuesta financiera se encuentra bajo presión por el incremento sostenido del incumplimiento, pues a inicios de 2026 la cartera vencida en créditos al consumo alcanzó un máximo histórico de 58,380 millones de pesos, mientras la morosidad avanzó a una tasa anual de 23.4%.

En este escenario de alta volatilidad donde la improvisación ya no es una opción viable, el Open Finance surge como el aliado estratégico indispensable para la supervivencia del sector. Este modelo facilita el intercambio seguro de datos entre bancos, comercios e instituciones tecnológicas mediante interfaces automatizadas y autorizadas por el usuario; una adopción decidida que no solo permite diseñar modelos de crédito basados en la capacidad real de pago, sino también reducir los índices de morosidad que hoy asfixian a la industria. De este modo, al funcionar como un filtro tanto ético como técnico, se logra prevenir de forma efectiva el sobreendeudamiento sistémico.

Al final, la realidad nos demuestra que la protección de la operación frente a un mercado que ya no tolera la falta de disciplina financiera dependerá exclusivamente de una gestión de riesgos mucho más profesional y de la integración definitiva de estos ecosistemas de intercambio de información.

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