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El expresidente pide aplazar su audiencia pero la situación se torna insostenible por la inmensa cantidad de pruebas que tendría la justicia española…

José Luis Calama, juez de la audiencia nacional, ha acordado abrir una causa separada dentro del caso Plus Ultra para investigar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos fiscales y de contrabando en relación con un importante lote de joyas hallado durante el registro de su despacho.

Según la tasación preliminar realizada por una joyería especializada con colaboración del Instituto Geológico y Minero de España, las piezas incautadas, entre collares, pulseras, pendientes, y relojes de marcas como Omega y Longines, alcanzan un valor aproximado de 1.3 millones de euros, destacando especialmente un conjunto de tres juegos completos con oro blanco, zafiros y esmeraldas valorado en torno a 1.2 millones de euros.

El magistrado considera que el origen de estas joyas no está justificado en estos momentos, lo que constituye un indicio objetivo de posible defraudación tributaria relevante, ya que la cuota presuntamente defraudada supera con creces el umbral de 120.000 euros establecido en el código penal para este tipo de delitos.

Esta nueva línea de investigación se suma a la causa principal del caso Plus Ultra, en la que Zapatero ya está imputado por otros cinco presuntos delitos, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, relacionados con su supuesta intervención para favorecer el rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra con fondos públicos.

De acuerdo a distintos reportes, se indica que solo por estas joyas, Zapatero podría enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión, combinando las sanciones por delito fiscal agravado y contrabando por la posible introducción o posesión irregular de bienes de lujo sin los correspondientes trámites aduaneros o declaraciones fiscales.

El entorno del expresidente ha defendido que las joyas proceden de herencias familiares, principalmente de su madre y su suegra, y que se guardaban en la oficina por motivos de seguridad, pero hasta la fecha no se ha presentado documentación que acredite plenamente su adquisición legal, su trazabilidad ni el pago de los impuestos correspondientes, lo que ha llevado al juez a abrir esta investigación específica.