Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 41 segundos
El Departamento de Estado sigue presionando a Daniel Ortega y Rosario Murillo con sus limitaciones. Nicaragua se suma a Cuba y México como los grandes objetivos regionales…
Estados Unidos, a través de Marco Rubio, Secretario de Estado, anunció nuevas restricciones de visa a más de 100 funcionarios nicaragüenses y sus familiares inmediatos como respuesta directa a la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, ocurrida bajo custodia de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta medida forma parte de la política de rendición de cuentas contra el régimen sandinista y eleva el total de nicaragüenses afectados por sanciones migratorias a más de 2.350 personas, según informó el propio Departamento de Estado.
En un comunicado emitido este lunes 8 de junio de 2026, Marco Rubio fue enfático al señalar la responsabilidad del gobierno nicaragüense en la muerte del preso político: “Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera”.
El alto funcionario estadounidense vinculó directamente la decisión a las circunstancias en las que falleció el líder indígena, quien llevaba detenido desde septiembre de 2023 y murió a los 73 años a finales de mayo de 2026 por complicaciones derivadas de una infección bacteriana.
Brooklyn Rivera era una figura histórica en la defensa de los derechos indígenas en Nicaragua. Exlegislador, presidente del partido indígena YATAMA y reconocido activista por la autonomía territorial y la protección de las tierras ancestrales frente a invasiones y concesiones controvertidas, Rivera fue detenido en el marco de la ola represiva del gobierno contra la oposición y los líderes sociales.
La muerte de Rivera generó una fuerte indignación nacional e internacional. Grupos de derechos humanos denunciaron que fue víctima de persecución política, negligencia médica y condiciones inhumanas de detención. Su familia y activistas cuestionaron la versión oficial del gobierno, exigiendo investigaciones independientes y denunciando que incluso se les habría impedido recuperar el cuerpo de manera adecuada en un primer momento. La ONU y diversos organismos regionales pidieron una investigación exhaustiva sobre las circunstancias de su fallecimiento.
Con esta nueva ronda de restricciones, Estados Unidos busca aumentar la presión sobre quienes, según Washington, apoyan y ejecutan las decisiones de Ortega y Murillo. Entre los afectados se encuentran funcionarios de diversos niveles del estado nicaragüense, incluyendo aquellos vinculados directamente con la represión, la justicia y el control de las instituciones. Esta acción se enmarca en una política más amplia de la administración Trump de sancionar al régimen nicaragüense por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, la falta de democracia y la represión contra opositores, periodistas, religiosos e indígenas.
Desde hace años, Washington ha impuesto múltiples rondas de sanciones económicas y migratorias, congelando activos y limitando el acceso a visas como herramienta de presión para promover cambios en Nicaragua. La reacción en el exilio nicaragüense y entre organizaciones defensoras de derechos humanos ha sido mayoritariamente positiva, aunque muchos exigen medidas más contundentes, como sanciones económicas adicionales o un mayor aislamiento internacional.
