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La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ( TMEC ) abrió un nuevo frente de debate entre activistas, académicos y especialistas en derecho, quienes advirtieron que algunas disposiciones del capítulo de comercio digital podrían dificultar la investigación de delitos y casos de violencia digital en el país.

Con ese argumento, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, el Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, presentaron un posicionamiento para solicitar cambios a los artículos 19.12, 19.16 y 19.17 del tratado, con el fin de fortalecer la responsabilidad de las plataformas tecnológicas y garantizar que las autoridades mexicanas puedan exigirles cooperación cuando se cometan ilícitos en línea.

Para las organizaciones, el problema no es menor. Una víctima de violencia digital puede denunciar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, acoso o amenazas en internet, pero la información necesaria para identificar al responsable suele estar en manos de empresas tecnológicas radicadas fuera del país. Según los promoventes, las disposiciones actuales del TMEC no establecen de manera expresa que esas compañías deban someterse a la jurisdicción de los países donde operan, lo que puede dificultar el acceso a evidencia digital y la rendición de cuentas.

Durante la presentación de la investigación “Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del TMEC en materia de servicios digitales”, realizada en la Torre Tlatelolco de la UNAM, los participantes sostuvieron que la renegociación en curso representa una oportunidad para corregir esos vacíos.

El investigador del PUEDJS, Eloy Caloca, señaló que los acuerdos internacionales deben construirse con una participación más amplia de la ciudadanía, mientras que el académico Dardo Neubauer afirmó que los artículos cuestionados limitan tres condiciones que consideró fundamentales para que una víctima obtenga justicia: acceso oportuno a evidencia digital, capacidad de auditar sistemas algorítmicos y posibilidad de exigir responsabilidades a las plataformas.

Las organizaciones respaldaron sus argumentos con datos del Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) del INEGI, según los cuales cerca de 19 millones de mujeres de entre 18 y 30 años han sido víctimas de violencia digital. También señalaron que millones de niñas, niños y adolescentes han reportado agresiones o exposición a contenidos inapropiados en internet.

John Ackerman, director del PUEDJS y de Tlatelolco Lab, aseguró que México enfrenta rezagos regulatorios en materia digital y advirtió sobre la falta de controles efectivos para supervisar a las grandes plataformas tecnológicas.

Por su parte, Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, sostuvo que la propuesta busca garantizar que las normas comerciales internacionales no limiten la aplicación de leyes mexicanas destinadas a proteger a las víctimas de violencia digital.

“Pedimos algo claro: que sea no sin nosotras y no con censura algorítmica”, afirmó. Agregó que las modificaciones planteadas buscan incorporar mecanismos que permitan acceder a información, supervisar algoritmos y establecer responsabilidades para las plataformas cuando existan afectaciones a los derechos de las personas usuarias.

Las organizaciones también cuestionaron el artículo 19.17 del TMEC, al considerar que reduce las posibilidades de atribuir responsabilidad a las plataformas por contenidos difundidos por terceros, incluso cuando éstos pudieran verse amplificados por sistemas automatizados de recomendación.

Desde la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Carmen Quijano expuso casos en los que usuarios mexicanos han enfrentado obstáculos para ejercer derechos relacionados con la protección de datos personales o la eliminación de contenidos en plataformas extranjeras, debido a que los procedimientos suelen remitirse a jurisdicciones fuera del país.

Marcela Hernández Oropa, fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, añadió que el debate también debe considerar la responsabilidad de las plataformas frente a los efectos que sus servicios pueden tener sobre niñas, niños y adolescentes.

Los promoventes insistieron en que las modificaciones planteadas no buscan obstaculizar el comercio digital ni la innovación tecnológica, sino armonizar las reglas del tratado con la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia.

A su juicio, la renegociación del capítulo de comercio digital representa una oportunidad para definir hasta dónde llegan las obligaciones de las plataformas tecnológicas en los países donde hacen negocio y qué herramientas tendrán los Estados para exigirles colaboración cuando se vulneren los derechos de sus ciudadanos.

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