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México obtuvo una resolución favorable en un arbitraje internacional iniciado por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre inversionistas y Estados, desestimara una reclamación superior a 315 millones de dólares presentada contra el país.

La disputa fue presentada en junio de 2023 al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Silver Bull argumentó que, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., había adquirido diversas concesiones mineras en Sierra Mojada, Coahuila, entre 1996 y 2002, pero que el desarrollo de su proyecto se vio frustrado desde septiembre de 2019 debido a acciones de una cooperativa minera local que, según la empresa, contaba con el respaldo de autoridades de la entidad.

Durante el procedimiento arbitral, el Estado mexicano sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente al conflicto social surgido entre la empresa y habitantes de Sierra Mojada. Asimismo, argumentó que las reclamaciones estaban prescritas o fuera del ámbito de aplicación del TLCAN y señaló que Silver Bull no contaba con la capacidad técnica y financiera necesaria para poner en marcha el proyecto minero.

El pasado 29 de mayo, el Tribunal Arbitral resolvió por unanimidad a favor de México. En su decisión, rechazó la acusación de que el Estado mexicano hubiera promovido el bloqueo del proyecto y concluyó que carecía de competencia para resolver el caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por la compañía.

Además, determinó que los hechos invocados por Silver Bull ocurrieron fuera del periodo susceptible de análisis bajo las disposiciones del TLCAN, lo que también contribuyó a desechar la demanda.

Como parte del fallo, el tribunal ordenó a la empresa estadounidense reembolsar al Estado mexicano una suma relevante por concepto de gastos y costos derivados del arbitraje.

La Secretaría de Economía informó que la defensa de México estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de los despachos especializados Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo arbitral se encuentra actualmente en proceso de revisión para identificar información susceptible de protección. Una vez concluido ese procedimiento, el documento será publicado por el CIADI y podrá consultarse de manera pública.

La resolución representa una de las decisiones más relevantes para México en materia de arbitraje internacional de inversión en los últimos años, al dejar sin efecto una reclamación millonaria y confirmar que los hechos denunciados por la empresa no eran atribuibles al Estado mexicano.

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