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Las reglas del juego electoral en México cambiaron oficialmente este miércoles. Tras concluir su trámite legislativo y ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación, entraron en vigor tres reformas que buscan modificar aspectos clave de los procesos electorales: la organización de la elección judicial, la revisión de candidaturas con posibles vínculos criminales y la posibilidad de anular comicios por intervención extranjera.
Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las tres modificaciones fueron aprobadas por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, además de obtener el respaldo de 25 congresos estatales, requisito necesario para las reformas constitucionales.
Dos de las iniciativas fueron impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una más por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.
La primera reforma modifica las reglas para la elección de integrantes del Poder Judicial. Entre los principales cambios destaca el aplazamiento de la próxima elección judicial de 2027 a 2028, con el argumento de evitar que coincida con los comicios federales y locales previstos para ese año.
La jornada electoral para elegir jueces, magistrados y ministros quedó programada para el 4 de junio de 2028.
Además, se reducirá el número de candidaturas que aparecerán en las boletas para facilitar la identificación de los aspirantes por parte de la ciudadanía. También se simplificará el diseño de las papeletas y se homologarán los criterios de evaluación de los comités de selección de los tres poderes de la Unión, incorporando exámenes de conocimientos para quienes aspiren a competir.
Otro cambio relevante será que las elecciones judiciales y las elecciones ordinarias se realizarán en las mismas casillas, mientras que el conteo de votos se efectuará directamente en los centros de votación donde fueron emitidos, evitando su traslado posterior a los consejos distritales.
Alcalde rechazó las críticas que señalan que estos ajustes representan una rectificación de la reforma judicial aprobada anteriormente. Según sostuvo, los cambios buscan fortalecer la participación ciudadana y aprovechar la experiencia obtenida en la primera elección judicial realizada en el país.
La segunda reforma crea un mecanismo de verificación de integridad para candidaturas postuladas por los partidos políticos.
El esquema contempla la creación de una comisión dentro del Instituto Nacional Electoral integrada por tres consejeros, cuya función será recibir de manera voluntaria los listados de candidatos que los partidos decidan presentar para revisión.
Posteriormente, esa información será enviada a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para determinar si existe algún “riesgo razonable” relacionado con actividades ilícitas o vínculos con la delincuencia organizada.
Los resultados serán comunicados de forma confidencial a los partidos políticos, quienes conservarán la decisión final sobre mantener o retirar una candidatura.
La consejera jurídica subrayó que el INE no investigará, no emitirá juicios sobre los aspirantes ni resolverá sobre sus registros, sino que actuará únicamente como enlace institucional entre las autoridades y las fuerzas políticas.
La tercera reforma incorpora una nueva causal de nulidad para elecciones federales y locales: la intervención o injerencia extranjera que tenga influencia comprobada en los resultados electorales.
Aunque la prohibición de participación extranjera en los procesos electorales ya existía en la Constitución, la novedad consiste en que ahora dicha conducta podrá derivar en la anulación de una elección si así lo determinan las autoridades jurisdiccionales competentes.
Alcalde explicó que corresponderá a los tribunales electorales analizar cada caso y resolver si existen elementos suficientes para invalidar los resultados.
La reforma establece únicamente el principio constitucional, por lo que ahora el Congreso deberá desarrollar las leyes secundarias que definan los criterios, estándares de prueba y reglas de aplicación. Ese trabajo legislativo deberá concluir en un plazo máximo de 90 días.
Las tres reformas fueron respaldadas por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra durante su discusión en el Congreso.
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