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por Enrique Hernández Alcázar

Si el gobernador con licencia de Sinaloa fuera blanquiazul, otro gallo le estaría cantando. En el México polarizado de 2026 ya no basta con preguntarse qué ocurrió. La pregunta realmente importante es: ¿de qué partido eres?, para saber cómo te va.

Hoy, si una gobernadora es señalada –presuntamente– por vínculos con agencias estadounidenses y posibles operaciones de inteligencia, Morena exige juicio político, investigaciones y escándalo nacional. Ahí está el caso de Maru Campos, quien denunció públicamente desde la Fiscalía General de la República que pretenden “fabricarle” un caso y convertirla en inculpada.

Gravísimo, sí. Pero la pregunta incómoda sigue flotando sobre Palacio Nacional como humo tóxico: ¿y Rubén Rocha Moya? Porque mientras en Sinaloa se acumulan sospechas, versiones, entregas voluntarias ante autoridades estadounidenses, congelamiento de cuentas y una conversación pública cada vez más contaminada por la idea de narcopolítica… la indignación oficial parece mucho más intensa contra la CIA que contra la posibilidad de que el crimen organizado haya penetrado estructuras de poder en México.

El contraste resulta brutal.

A Rocha no lo persigue la oposición con la fuerza con la que Morena estaría persiguiendo a cualquier gobernador panista bajo circunstancias similares. No hay comisiones especiales incendiando el Congreso. No hay movilizaciones oficiales. No hay exigencias de renuncia mañanera. Ni siquiera existe la prisa política por despejar todas las dudas.

Al contrario: lo que vemos es una defensa sistemática, cuidadosa y políticamente administrada. La propia Secretaría de Seguridad tuvo que salir este martes a negar que exista una ficha roja de Interpol contra Rocha Moya. Pero el problema ya no es solamente judicial. El problema es político, narrativo y moral.

Porque cuando un gobierno necesita aclarar diariamente si uno de sus gobernadores está o no bajo sospecha internacional, el daño institucional ya ocurrió. Y eso explica también otro dato demoledor: la aprobación de Claudia Sheinbaum cayó siete puntos en medio de las crisis simultáneas de Sinaloa y Chihuahua. La erosión no viene solo por la violencia o la inseguridad. Viene por la percepción de una justicia selectiva.

Porque en la llamada Cuarta Transformación la soberanía parece defenderse dependiendo del color partidista del acusado. Si el presunto vínculo apunta hacia Washington, se habla de traición a la patria. Si el presunto vínculo apunta hacia el narco… se habla de campaña mediática. Y ahí está el verdadero peligro.

No cambiamos el sistema. Solo cambiamos las siglas que administran la impunidad.

Porque si Rocha Moya fuera panista, Morena ya habría convertido Sinaloa en símbolo nacional de la descomposición del viejo régimen. Habría exigencias de destitución, comisiones legislativas, protestas organizadas y cadenas nacionales de indignación moral.

Pero Rocha es guinda. Es de casa. Y en tiempos de tribalismo polarizado, la impartición de justicia dejó de serlo para convertirse en herramienta de facciones políticas. Una justicia selectiva. ¿Qué le preocupará más a la 4T? ¿La CIA o que el narco haya tocado la puerta del poder desde adentro?

Nota: Los espacios de opinión son responsabilidad del articulista

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