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El documento se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF mediante los cuales “se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de Centros Penitenciarios”, que concentraron alrededor del 70% de las transacciones observadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), anunció el lunes que emitió la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el monitoreo del perfil transaccional de clientes y, o, usuarios, a fin de fortalecer la detección y mitigación de los riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

El documento se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF mediante los cuales se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de Centros Penitenciarios, que concentraron alrededor del 70% de las transacciones observadas en el caso analizado.

Oficiales de Cumplimiento de las entidades financieras contarán con 60 días naturales para presentar la Guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para contar con su aprobación y adopción, y, una vez aprobada, las entidades tendrán un plazo adicional de 60 días para incorporar su contenido a sus procesos de análisis y reporte de operaciones.

“La participación activa del sector bancario refleja su compromiso permanente con la prevención de la delincuencia financiera y con el fortalecimiento de la integridad y seguridad del sistema financiero nacional”, afirmó Hacienda.

Con la experiencia y colaboración de la ABM, sostuvo la dependencia federal, se enriqueció el análisis de patrones transaccionales de los clientes y se fortalecieron los mecanismos de monitoreo de las entidades financieras, además de consolidar con la guía “una herramienta práctica para las instituciones financieras”.

La Guía incorpora también señales de alerta, indicadores para el análisis y recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos, así como prácticas de análisis estratégico y medidas mitigantes frente a los riesgos identificados.

Lo anterior, de acuerdo con Hacienda, “permitirá a las instituciones financieras fortalecer sus procesos de detección y enfocar de manera más eficiente sus recursos de supervisión y control”.

Traspaso a la economía formal

La extorsión constituye uno de los delitos predicados de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, toda vez que los recursos obtenidos mediante esta conducta “suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen”, señaló la SHCP.

Una vez que pasa esta fase, “los recursos son colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal”.

Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, con cerca del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado desde los Centros Penitenciarios del país.

Las entidades refrendaron el compromiso de apoyar a los sujetos obligados en la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el objetivo de contribuir en el cumplimiento de los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y “a fortalecer el sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”.