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Es posible que con el precedente se endurezcan las medidas que limitan el acceso de población no documentada a servicios financieros, lo que podría derivar en efectos contraproducentes como enviar dinero por fuera del sistema financiero, haciendo mucho menos trazable el origen y el destino de estos recursos.

El área de análisis del mayor banco del sistema, BBVA México, anticipó que la orden ejecutiva expedida por el presidente Donald Trump que impacta las transferencias de fondos transfronterizos de bajo valor podría tener efectos limitados en las remesas que envían los connacionales hacia el país. Sin embargo, en el horizonte, podría dificultar la trazabilidad de los recursos, en detrimento de lo que se busca.

El presidente emitió el 19 de mayo una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad del sistema financiero de Estados Unidos” que busca limitar el acceso al sistema financiero de la primera economía mundial a migrantes no documentados. Lo anterior incluye los servicios de envío de remesas y medios de pago digitales.

Las restricciones hacia la población migrante no documentada se extienden a los servicios de abrir cuentas bancarias, acceder a servicios financieros y, en general, operar económicamente en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular.

La orden ejecutiva plantea el concepto de integridad financiera como una extensión de la actual política migratoria y de seguridad fronteriza al vincular la verificación de identidad con la situación migratoria de las personas, argumentando que actualmente no se aplican controles lo suficientemente estrictos.

De los 12.6 millones de personas que nacieron en México y que radican en Estados Unidos, la mayoría de ellas, alrededor de 8.1 millones, tienen ciudadanía o residencia en ese país.
Además, hay 29 millones de mexicanos de segunda y tercera generación que también envían remesas. La entidad asevera que esto implica que el universo de quienes envían remesas y que podrían verse afectados por la medida actual es limitado.

Los analistas Marco Lara, Juan José Li y Carlos Serrano indicaron que, sin embargo, en el horizonte será clave monitorear las disposiciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la forma en que el sistema financiero implementará las medidas.

En principio, pueden generar incentivos para que los migrantes utilicen canales fuera del sistema financiero, lo que implicaría no solamente “la pérdida de negocio, sino también una menor trazabilidad, agregaron”.

Repercusiones

Lara, Li y Serrano señalaron que las implicaciones de estas medidas podrían ser menores de lo inicialmente previstas, pero sus efectos sobre la población migrante no pasarán desapercibidos.

En particular, la orden ejecutiva de Trump instruye al secretario del Tesoro emitir una advertencia formal dentro de 60 días dirigida a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados con el uso del sistema financiero estadounidense por parte de trabajadores no documentados y sus empleadores.

En segundo orden, que junto con los organismos reguladores del sistema financiero de ese país se pueda proponer en un plazo de 90 días cambios en la Ley del Secreto Bancario, a fin de fortalecer los requisitos de “debida diligencia”.

Entre ellos sobresalen la identificación de clientes y beneficiarios y sus actividades. De ser necesario, se podría solicitar información adicional que permita conocer el estatus migratorio de las personas.

En conjunto con los organismos reguladores también se consideran cambios dentro de 180 días en la Ley del Secreto Bancario con la meta de endurecer los requisitos de identificación de clientes. En este punto se busca limitar el uso de matrículas consulares emitidas por terceros países para que los clientes participen en el sistema financiero. Las matrículas consulares son un documento probatorio de identidad de los nacionales de un país el exterior, independientemente de su estatus migratorio en el país de destino, y México las emite regularmente, lo que permite la apertura de cuentas bancarias en países como EU.

“A pesar de que las matrículas consulares son un instrumento legal respaldado por el derecho internacional, esta orden ejecutiva si bien no prohíbe su uso, sí menciona explícitamente que son un riesgo para la integridad del sistema financiero estadounidense” anotó BBVA Research.

En su lugar, los migrantes indocumentados tendrían que recurrir a la obtención de un pasaporte para continuar utilizando estos servicios, lo que implicaría mayores costos y menor practicidad.

Citando datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la entidad indicó que más de 566,000 mexicanos en Estados Unidos contaban con este documento al cierre de 2022. Siete entidades concentraban poco más de la mitad de su uso, lideradas por Michoacán, Guerrero y Oaxaca, seguidas por Guanajuato, Puebla, Jalisco y Veracruz.

Antecedentes

Lara, Li y Serrano ejemplificaron que, como parte del mismo proceso, el impuesto de un 1% con el que se grava desde enero pasado a las remesas en efectivo que se mandan desde Estados Unidos apenas ha tenido repercusiones.

En el primer trimestre de 2026 llegaron a México 14,457 millones de dólares por concepto de remesas, 1.4% más que el mismo periodo de hace un año.

“Esto, pensamos, se debe en parte a lo ya mencionado: los migrantes indocumentados tienen fuentes alternas para enviar recursos, entre ellas que familiares documentados realicen los envíos”.