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En medio de las tensiones con México, Estados Unidos presiona a los bancos para controlar y rastrear los movimientos financieros de los migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que endurece los controles financieros en el sistema bancario, con especial atención a las transferencias transfronterizas y las remesas enviadas hacia México. La medida instruye al Departamento del Tesoro y a las instituciones financieras a reforzar la vigilancia sobre transferencias de bajo monto, plataformas de pago entre particulares y patrones de movimientos repetitivos en cantidades pequeñas.

En este contexto, los bancos deberán investigar con mayor rigor el origen de los fondos, la ciudadanía o estatus migratorio de los clientes y posibles señales de lavado de dinero o actividades ilícitas, como el financiamiento al narcotráfico. La Casa Blanca presentó la orden como parte de la estrategia para “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense” y combatir el fraude, el lavado de dinero y el uso de canales financieros por parte de personas en situación irregular.

Dicha medida no impone un impuesto directo a las remesas, pero aumenta significativamente los requisitos de reporte y verificación, lo que podría generar demoras, rechazos de transferencias o mayores costos para los remitentes. Lógicamente, esta acción se enmarca en la política migratoria y de seguridad de la actual administración, que busca cortar las fuentes de financiamiento ilícito vinculado a cárteles y reducir los flujos financieros no regulados.

México es el principal receptor de remesas desde Estados Unidos, con más de 60 mil millones de dólares anuales en años recientes, por lo que la comunidad migrante y las familias receptoras podrían verse afectadas de manera indirecta. Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una reacción oficial detallada, aunque sectores políticos y analistas ya advierten sobre posibles impactos negativos. La orden entrará en vigor de forma progresiva, con un plazo de 60 días para que el Tesoro emita las directrices específicas a bancos y empresas de transferencia de dinero.