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Un tribunal del estado de Florida, en Miami, condenó a integrantes de la familia Weinberg y a empresas relacionadas al pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano por su participación en un esquema de corrupción y lavado de dinero vinculado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La resolución fue informada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), como parte del procedimiento civil promovido por el gobierno mexicano para recuperar recursos públicos presuntamente desviados mediante contratos irregulares.
De acuerdo con la dependencia, durante el juicio se acreditó la participación de personas físicas y morales en mecanismos utilizados para obtener contratos públicos de manera indebida y posteriormente transferir y ocultar recursos relacionados con dichas operaciones.
La UIF detalló que el caso fue sustentado con documentación financiera, declaraciones testimoniales y pruebas obtenidas mediante cooperación jurídica internacional.
La sentencia se suma a las resoluciones emitidas en mayo de 2025 contra Genaro García Luna y su esposa, por un monto superior a 2 mil 448 millones de dólares. Con ello, el monto total de las condenas obtenidas a favor del Estado mexicano supera los 3 mil 67 millones de dólares.
Además, el fallo contempla un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos localizados en distintas jurisdicciones internacionales para su liquidación y aplicación parcial al pago ordenado por la corte estadounidense.
La red de contratos y transferencias
El pasado 18 de octubre de 2024, el titular de la UIF, Pablo Gómez, explicó públicamente el funcionamiento de la presunta red de corrupción relacionada con García Luna y el Grupo Weinberg.
Según detalló, entre 2009 y 2018 la Policía Federal, el Cisen y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) otorgaron 30 contratos a empresas vinculadas con el Grupo Weinberg por un monto total de 727 millones 923 mil dólares y más de 528 millones de pesos.
De ese total, el gobierno mexicano pagó 625 millones de dólares y más de 93 millones de pesos a empresas como Nunvav Inc, Nunvav Technologies Inc y Nice Systems.
Pablo Gómez señaló que los recursos fueron enviados a cuentas en México, Barbados e Israel y posteriormente transferidos a Estados Unidos y otros países mediante una red de triangulación financiera.
De acuerdo con la UIF, entre 2013 y 2020 la empresa Nunvav transfirió más de 528 millones de pesos y 28 millones de dólares desde México hacia el extranjero. Parte de esos recursos regresaron posteriormente al país a través de empresas consideradas por las autoridades como compañías fachada o factureras.
El funcionario sostuvo que las empresas Nunvav fueron constituidas en Panamá, operaron en México y presuntamente no pagaron impuestos en territorio mexicano ni en otros países, por lo que calificó el esquema como una “red internacional de lavado” ligada a la defraudación del Estado mexicano.
También informó que la Fiscalía General de la República abrió investigaciones contra 61 personas relacionadas con el caso, obtuvo 61 órdenes de aprehensión y logró diversas detenciones y vinculaciones a proceso.
Entre los investigados se encuentra Jonathan Alexis Weinberg Pinto, detenido en Madrid el 31 de diciembre de 2023 y señalado por autoridades mexicanas como uno de los operadores del entramado empresarial utilizado para obtener contratos públicos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Pablo Gómez recordó además que el gobierno mexicano promovió en Florida una demanda civil para recuperar más de 600 millones de dólares presuntamente desviados mediante operaciones vinculadas con García Luna y el Grupo Weinberg.
Como parte de ese proceso, las autoridades estadounidenses ya habían ordenado previamente la entrega de más de 2.4 millones de dólares derivados de la venta de inmuebles, además de un departamento valuado en más de 555 mil dólares que perteneció al exfuncionario.
La UIF informó que continuará dando seguimiento a la ejecución de las sentencias y a la recuperación de activos en coordinación con autoridades nacionales e internacionales.
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