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El gobierno federal alista una nueva reforma constitucional para modificar la elección judicial prevista originalmente para 2027 y trasladarla a 2028, además de introducir cambios en la forma de seleccionar candidatos, diseñar las boletas y organizar la votación.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que la propuesta fue elaborada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el objetivo de hacer más clara y funcional la elección de jueces y magistrados.
La principal modificación consiste en mover la jornada electoral judicial al domingo 4 de junio de 2028, tanto a nivel federal como local. A partir de entonces, las elecciones judiciales continuarían realizándose de manera concurrente con procesos ordinarios en 2030, 2033 y 2036, únicamente para cubrir vacantes que se generen.
En 2028 se renovaría la otra mitad de cargos pendientes del Poder Judicial, incluidos cuatro magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y 385 jueces de Distrito. A nivel local, se contempla elegir 424 magistrados y 2 mil 831 jueces en 25 entidades federativas.
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Comisión coordinadora y filtros unificados
La iniciativa también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión. El propósito sería homologar criterios y metodologías para revisar perfiles y validar requisitos como licenciatura en Derecho, promedio académico y experiencia profesional.
Además, se propone incorporar exámenes de conocimientos como parte de las evaluaciones para aspirantes.
Otro de los cambios relevantes es la reducción del número de candidaturas por cargo. Actualmente, cada Poder puede presentar tres propuestas; con la reforma serían dos candidaturas finales por especialidad, definidas mediante una insaculación pública entre los perfiles mejor evaluados.
Según explicó la Consejería Jurídica, la intención es evitar boletas saturadas y facilitar que la ciudadanía pueda identificar y conocer a quienes participan.
Nuevas boletas y distritos judiciales
La propuesta incluye rediseñar las boletas electorales para distinguir claramente las candidaturas impulsadas por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a jueces y magistrados en funciones que busquen reelegirse.
Cada elector votaría por un juez y un magistrado de cada especialidad dentro de su distrito judicial. Para ello, el Instituto Nacional Electoral dividiría el territorio en distritos específicos según el número de cargos a elegir.
Como ejemplo, se explicó que en la Ciudad de México podrían crearse 36 distritos judiciales para la elección de magistrados administrativos, de modo que cada ciudadano vote únicamente por un perfil en cada materia: administrativa, civil, penal, laboral o mixta.
La reforma también contempla que la ciudadanía reciba tres boletas distintas: una para magistrados, otra para jueces y otra para magistrados electorales.
Capacitación y reglas para estados
Dentro de la propuesta se establece la capacitación permanente obligatoria para jueces y magistrados, a cargo del Tribunal de Disciplina y la Escuela Judicial, mediante programas continuos de actualización.
Asimismo, se busca que las entidades federativas homologuen sus procesos judiciales con las reglas federales, incluyendo insaculación obligatoria, criterios unificados de evaluación, reducción de candidaturas y revisiones de desempeño durante el primer año.
Casillas compartidas y conteo en sitio
Entre los ajustes adicionales, el gobierno propone que las elecciones judiciales puedan realizarse en las mismas ubicaciones que las elecciones ordinarias, aunque sin intervención de partidos políticos en la organización de la votación judicial.
También se plantea que el escrutinio y cómputo de votos se realice directamente en las casillas, a diferencia del modelo aplicado en la elección pasada.
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La iniciativa adelanta además de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general, con el argumento de dar más tiempo a los comités de evaluación para revisar perfiles.
La propuesta incluye otros cambios, como permitir que vacantes por muerte, renuncia o destitución de jueces y magistrados se cubran en la elección inmediata siguiente; crear dos secciones dentro de la Suprema Corte para atender asuntos menores y agilizar resoluciones; y abrir la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con un eventual proceso de revocación de mandato, si éste es solicitado conforme a la Constitución.
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