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En medio de la tensión por los apuntados del Departamento de Justicia, Estados Unidos logró concretar el primer golpe en este aspecto…

Un bombazo absoluto. Según informa Reuters, el último lunes 11 de mayo, Estados Unidos capturó a Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de seguridad pública de Rocha Moya. Mérida Sánchez tiene 66 años y es uno de los 10 funcionarios sinaloenses señalados por la Justicia de Estados Unidos. Por lo que se pudo saber, el operativo fue en Arizona, donde acabó siendo capturado y el martes de 12 de mayo compareció ante un juez en Tucson.

Luego de ello, Mérida Sánchez fue trasladado a Nueva York, donde será procesado. Según la fiscalía, Mérida Sánchez recibió 100 mil dólares mensuales en efectivo de parte de “Los Chapitos” a cambio de no interferir en sus operaciones, proporcionar avisos previos sobre redadas (incluyendo al menos 10 en laboratorios de drogas entre 2023 y 2024) y evitar detenciones de miembros de la organización.

Además, los cargos marcados incluyen conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, con penas que van de 40 años a cadena perpetua. El punto es que la caída de Mérida Sánchez provoca un sismo profundo en México porque ahora muchos temen que pueda llegar a hablar con el objetivo de reducir la condena que pueden darle.

De esta forma, quedan nueve de los diez acusados, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Por su parte, Claudia Sheinbaum ha sido inflexible en su postura respecto a esta cuestión: “Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo y si es acusado debe haber pruebas para acusarlo. Quiero pruebas…”.

Además, la mandataria mexicana sentenció: “Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro Sistema Penal Acusatorio de la constitución, entonces se procede, si no hay pruebas no se procede, eso es la ley. No puede ser que estos comentócratas usen estado de derecho cuando les conviene y escondan el estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son”.