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por Enrique Hernández Alcázar

En Chilapa no se corre para llegar temprano. Se corre para no morir. Mujeres cargando bolsas negras con ropa. Niños escondidos entre el monte. Ancianos caminando en silencio por veredas de terracería. Y de fondo, las ráfagas de balas, los narcodrones y el eco de una guerra que el Estado mexicano volvió paisaje. Otra vez en Guerrero.

La cifra oficial habla de 120 desplazados y seis heridos. Los habitantes que huyeron dicen ser más de 200 y acusan una veintena de asesinados. El gobierno presume el despliegue de mil 290 elementos federales y estatales. Pero en México los otros datos suelen llegar tarde y bien maquilladas. Pero la diferencia entre las estadísticas y la realidad suele medirse en miedo.

Mientras en Palacio Nacional se habla de mesas de diálogo y construcción de paz, en La Montaña baja de Guerrero la gente duerme en iglesias, huye hacia los cerros o abandona sus casas con la certeza brutal de que quizá nunca regresen a su hogar. México se acostumbró tanto a la violencia que incluso el desplazamiento interno dejó de provocar escándalo y eso debería aterrar más que los propios grupos criminales.

Un desplazado no sólo abandona una casa, pierde el territorio emocional de su vida, sus afectos y sus recuerdos. Se desprende de escuela, cosecha, animales, documentos, recuerdos. Le roban su rutina, a su comunidad y su identidad. El crimen organizado no sólo disputa plazas, enfrenta geografía humana.

En Chilapa, además, el horror tiene raíces profundas. No es una explosión aislada. Es una herida que lleva intensamente abierta, por lo menos, una década. Ahí quedaron los antecedentes de Alcozacán, las emboscadas, los músicos asesinados, las policías comunitarias abandonadas a su suerte y los pueblos indígenas convertidos en tierra de nadie. Vamos, hasta el bloqueo que sufrió en esas tierras la comitiva del propio López Obrador el 21 de octubre de 2022.

Hace casi cuatro años, unos 200 pobladores exigieron al entonces presidente que resolviera el estado de violencia e inseguridad que vivián los pobladores a manos de los grupos criminales en pugna territorial. El Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata denunció, en plena cara del exmandatario, los 40 asesinatos y 19 desapariciones que registran en Chilapa desde 2015. Pero el Estado no llegó. No ha llegado.

La presidenta dijo que envió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez a la localidad… y no llegó. Se quedó en un centro de mando en la capital gerrerense. Desde Chilpancingo, a 60 kilómetros de distancia, la funcionaria organizó el operativo y la estrategia de ayuda. Es el gobierno vendiendo control narrativo mientras la población se guarece entre cerros, ramas y oscuridad para intentar sobrevivir.

La tragedia de Chilapa también desnuda otra realidad incómoda: en vastas regiones del país ya no existe monopolio legítimo de la fuerza. Lo que existe son equilibrios criminales temporales. Fronteras invisibles. Territorios administrados por grupos armados que cobran, desplazan, reclutan y castigan. Eso no es solamente inseguridad, ya se empieza a parecer a otra cosa. Mucho peor.

En el círculo rojo, la conversación nacional sigue atrapada en la estridencia política cotidiana: la CIA, Rocha Moya, el narcogobierno, Ayuso, Cortés y los trending topics del día. México se engolosina con el espectáculo narrativo mientras comunidades enteras aprenden rutas de escape. Quizá por eso Chilapa resulta tan brutalmente simbólica. Porque exhibe el fracaso acumulado de todos los gobiernos –los de antes y los de ahora–, los que prometieron pacificación con balas y los que prometieron pacificación con abrazos.

Al final, los desplazados siguen siendo los mismos mexicanos invisibles de siempre. Esos que no salen en los espots, que no caben en la propaganda electoral y que sólo aparecen cuando son nota de portada periodística cuando van en ruta de escape para salvar sus vidas. Me detengo en una imagen que dice todo: familias enteras escondiéndose en el monte para salvar la vida mientras el Estado mexicano intenta convencernos de que tiene el control.

El problema es que en Guerrero hace mucho tiempo que se perdió.