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Lo que durante años se presentó como una alternativa de inversión para impulsar a pequeñas y medianas empresas terminó en un presunto fraude millonario. La empresa RD Impulsora de Negocios, constituida como Sociedad Anónima Promotora de Inversión (SAPI), dejó de cumplir con sus pagos y hoy enfrenta señalamientos de haber defraudado a cerca de 500 personas.

El caso estalló públicamente el pasado 22 de marzo, cuando inversionistas comenzaron a denunciar retrasos en los rendimientos prometidos, que oscilaban entre el 16% y el 20% anual. Lo que inicialmente fue atribuido por la empresa a una supuesta “reestructuración interna” pronto encendió las alertas.

Con el paso de los días, la preocupación se convirtió en alarma: oficinas vacías, domicilios abandonados y la desaparición de sus principales directivos sin explicación clara.

Un esquema bajo sospecha

De acuerdo con testimonios de afectados, RD Impulsora captaba recursos de inversionistas individuales bajo la promesa de canalizarlos a proyectos productivos, principalmente pymes. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de operaciones podría constituir captación ilegal de recursos, una actividad reservada exclusivamente a instituciones financieras reguladas.

Además, el modelo presenta características asociadas a esquemas tipo Ponzi: rendimientos elevados, pagos sostenidos con nuevos ingresos y colapso cuando el flujo de dinero se detiene.

Las cifras dan dimensión del problema: 493 inversionistas afectados y una deuda estimada en 600 millones de pesos.

Directivos desaparecidos

En el centro de las acusaciones se encuentra Diego Alfonso García Infante, director general de la empresa, quien, según denunciantes, habría abandonado su domicilio y ordenado desalojar oficinas sin previo aviso.

También ha sido señalado Ricardo Alberto Flores Miranda, socio de la compañía, quien ha declarado que no tenía control sobre las finanzas y que buscaría emprender acciones legales.

Hasta el momento, no hay una postura pública clara por parte de la empresa ni de sus representantes.

Vacíos legales y alerta para inversionistas

El caso ha puesto nuevamente bajo escrutinio el uso de figuras como las SAPI, que si bien permiten flexibilidad corporativa, no están autorizadas para captar dinero del público como lo haría una institución bancaria o una entidad regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han advertido reiteradamente sobre este tipo de esquemas, que suelen ofrecer altos rendimientos sin respaldo regulatorio.

Búsqueda de justicia

Ante la falta de respuestas, los afectados han comenzado a organizarse para interponer denuncias colectivas y exigir la intervención de autoridades financieras y judiciales.

Mientras tanto, el caso de RD Impulsora se suma a una lista creciente de empresas que, bajo promesas de inversión atractiva, terminan dejando pérdidas millonarias y vacíos legales difíciles de subsanar.