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Con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de los legisladores, la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad de la Cámara de Diputados organizó el curso “Política Climática Nacional para la Acción Legislativa” el 26 marzo de 2026. El encuentro, impartido en colaboración con diversas asociaciones civiles, tuvo un objetivo claro: lograr que la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional deje de ser solo una declaración de intenciones y se convierta en instrumentos legales, políticas públicas y decisiones presupuestales concretas.
Durante la sesión inaugural, la presidenta de la Comisión, la diputada Alejandra Chedraui Peralta (Morena), fue contundente al calificar el cambio climático como “el mayor desafío estructural de nuestro tiempo”. Para dimensionar el problema, recordó que más del 68% de la población ya ha estado expuesta a eventos climáticos extremos, golpeando sectores vitales como el agua, la alimentación, la salud y la economía local. Además, advirtió que con un aumento global de la temperatura de aproximadamente 1.1°C, nos acercamos peligrosamente al umbral del Acuerdo de París (1.5°C). Urgió a que los compromisos nacionales tengan un respaldo real en la ley y el presupuesto.
El reto del financiamiento
El evento destacó por las propuestas prácticas que organizaciones y expertos pusieron sobre la mesa para financiar esta transición. Por ejemplo, Emilio Sánchez, representante de la Alianza por la Justicia Fiscal, puso el foco en el impuesto especial al carbono (IEPS). Ante su actual caída recaudatoria, Sánchez propuso no solo aumentar gradualmente el precio por tonelada, sino etiquetar esos ingresos directamente para la adaptación y mitigación ambiental. Asimismo, sugirió medidas audaces como reactivar y homologar el impuesto a la tenencia a nivel federal para financiar el transporte público, introducir cargos por congestión en avenidas principales y gravar bienes de lujo, como jets y yates.
En esta misma línea, Arabel Alí Mendoza y Diego Merla López, de OXFAM México, defendieron los “impuestos verdes”. Ambos coincidieron en que la agenda climática representa una ventana de oportunidad inmejorable para reducir desigualdades. Aostando por una transición justa mediante una profunda redistribución fiscal.
Las brechas estructurales
Por su parte, Lorena Caballero López del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC) ofreció un diagnóstico revelador sobre el financiamiento climático. Su análisis evidenció graves brechas estructurales: México sigue dependiendo de ingresos altamente intensivos en carbono, mientras destina una mínima fracción del presupuesto a la sostenibilidad. Esta realidad es aún más crítica a nivel estatal. En donde la mayoría de las entidades no supera el 1% en ingresos o gastos sostenibles, salvando casos excepcionales como: Ciudad de México y Jalisco en temas de movilidad.
Al vincular directamente la desigualdad con la crisis climática, los ponentes enfatizaron un principio de justicia fiscal: “que pague más quien más tiene”. OXFAM recordó que las emisiones se concentran en los sectores más ricos. Por lo que una tributación progresiva es vital para financiar infraestructura y cerrar brechas sociales. Para lograrlo, hicieron un llamado urgente a mejorar la transparencia y el uso de microdatos. Esto permitiría diseñar políticas mucho más precisas según el patrimonio de los contribuyentes.
Riesgos y próximos pasos de política climática
A pesar de las advertencias sobre los impactos irreversibles que traerá el calentamiento global sobre nuestros recursos básicos, el curso dejó algunos cabos sueltos. Queda por delante los verdaderos retos:
- Integrar todas estas propuestas fiscales en iniciativas de ley formales.
- Evaluar sus impactos técnicos.
- Garantizar que el dinero recaudado cuente con mecanismos reales de etiquetado y transparencia, antes de que los compromisos climáticos vuelvan a quedarse en el papel.
