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FORTUNA – ANÁLISIS ECONÓMICO
Etiquetado de alimentos, vacunas pediátricas, restricción a la red eléctrica, refinación soberana. Cuatro políticas mexicanas atacadas como anacronismo o populismo que en los últimos meses han encontrado eco directo en la Casa Blanca. No porque Trump haya copiado a AMLO. Sino porque el diagnóstico correcto sobre las necesidades reales de una sociedad, a veces, trasciende las coordenadas ideológicas desde las que se emite.
Jorge Flores Kelly | Observatorio Nearshoring | Aporta Consultoría Estratégica
Hay una tendencia arraigada en México a medir la calidad de una decisión de política pública por el calibre de quienes la critican. Si el FMI la cuestiona, si la prensa internacional la condena, si los organismos multilaterales emiten comunicados de preocupación, algo debe estar muy mal. El síndrome no es nuevo, pero tiene un costo analítico real: nos hace confundir el consenso tecnocrático con la verdad, y la apariencia de alineación global con la solidez de un diagnóstico.
Por eso vale la pena detenerse ante un fenómeno que se ha repetido, con sorprendente regularidad, en los últimos cinco años. Cuatro decisiones de política pública mexicana —atacadas en su momento como populismo, anacronismo o incapacidad técnica— han encontrado un eco notable en las políticas que hoy implementa el gobierno de Donald Trump. No porque México y Washington compartan agenda. Sino porque, a veces, el diagnóstico correcto sobre las necesidades reales de una sociedad trasciende las coordenadas ideológicas desde las que se emite.
La pregunta que deberíamos hacernos no es si México tenía razón. La pregunta es por qué tan pocas veces nos permitimos creerlo.
El etiquetado de alimentos: seis años de ventaja
En octubre de 2019, el Congreso mexicano aprobó la reforma que derivó en la NOM-051: un sistema de octágonos negros con letras blancas en el frente de los empaques que advierten sobre excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas trans y calorías. La Organización Mundial de la Salud lo catalogó como la regulación más avanzada del mundo en su tipo. Grandes corporaciones de alimentos y bebidas de consumo masivo, respaldadas por sus propios gobiernos ante instancias comerciales internacionales, presionaron activamente para que México pospusiera la implementación o la suavizara.
México no cedió. Los octágonos entraron en vigor en octubre de 2020. La industria reformó fórmulas. El modelo fue replicado en Colombia, Perú y Chile. Y el gobierno de Estados Unidos —el mismo que había presionado para frenar la medida— siguió importando azúcar y sodio sin restricción en sus propios anaqueles.
El 7 de enero de 2026, la administración Trump presentó sus nuevas Dietary Guidelines 2025–2030. Por primera vez en la historia de ese documento —publicado cada cinco años desde 1980—, los alimentos ultraprocesados fueron identificados como una categoría diferenciada de riesgo para la salud pública. La FDA avanza simultáneamente hacia un sistema de etiquetado frontal obligatorio. Llega con seis años de retraso frente a lo que México ya tiene operando en cualquier supermercado del país.
El diagnóstico era el mismo desde 2019. La diferencia estaba en quién tuvo el valor de actuar primero —y quién prefirió esperar a que el consenso se pusiera al día.
Las vacunas COVID en menores: cuando la duda era el rigor
Pocos temas generaron más críticas hacia el gobierno de López Obrador que su resistencia a vacunar a menores de edad contra el COVID-19. El secretario de Salud Jorge Alcocer argumentó que los sistemas inmunes de los niños manejaban adecuadamente la infección y que la evidencia para justificar una campaña masiva de vacunación pediátrica no era concluyente. La postura fue interpretada, dentro y fuera de México, como negligencia, ideología o simple atraso científico.
Los adolescentes de 15 a 17 años no se incluyeron en la campaña hasta noviembre de 2021. La vacunación de niños de 5 a 11 años no comenzó hasta mediados de 2022. Todo esto bajo una lluvia constante de críticas internacionales y editoriales que presentaban la posición mexicana como el ejemplo clásico de un país que no estaba a la altura del momento.
En 2025, la administración Trump —a través de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud— eliminó la recomendación universal de refuerzo permanente de vacunas COVID, estableciendo que la decisión clínica debe individualizarse según las características de cada paciente. La premisa subyacente es la misma que articuló México: la evidencia para recomendar vacunación indiscriminada en poblaciones de bajo riesgo no era suficientemente robusta. El consenso científico global era más frágil de lo que aparentaba.
El consenso científico global tiene una función de certeza que no siempre corresponde a su calidad analítica real. México lo experimentó en carne propia.
La red eléctrica: la física no negocia con las ideologías
En mayo de 2020, en plena pandemia, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) emitió una resolución que restringió la interconexión de nuevas plantas de generación renovable a la red eléctrica nacional. La justificación era técnica: la proliferación de energía intermitente —solar y eólica— sin mecanismos adecuados de respaldo ponía en riesgo la confiabilidad y estabilidad del sistema. La medida fue recibida con indignación por los sectores de energía limpia y por organismos internacionales que la interpretaron como un ataque ideológico a las renovables.
El debate real, sin embargo, era sobre la física de las redes: agregar generación o carga masiva sin capacidad de respaldo suficiente compromete la frecuencia y la estabilidad del sistema. Es una restricción de ingeniería, no de ideología. México eligió reconocerlo públicamente. La comunidad energética global eligió criticarlo.
En 2025, la administración Trump emitió directivas a Microsoft, Google y otros operadores de centros de datos de gran escala exigiéndoles que desarrollaran capacidad de autogeneración sin depender de la red pública. El argumento: la demanda creciente de los data centers amenaza la estabilidad del suministro para los consumidores residenciales e industriales existentes. El argumento es estructuralmente idéntico al que CENACE formuló cinco años antes. La física de la red no cambia según quién la gobierna.
Dos Bocas y Brownsville: el anacronismo que se volvió soberanía
Quizás ningún proyecto del sexenio lopezobradurista recibió una condena más unánime de la tecnocracia global que la refinería Olmeca, conocida como Dos Bocas. El FMI, el Banco Mundial, analistas de energía internacionales y la mayoría de los economistas mexicanos de orientación liberal argumentaron que construir una refinería en el siglo XXI era un anacronismo: el mundo se movía hacia las renovables, los combustibles fósiles perderían relevancia estructural, y México malgastaba recursos en infraestructura que estaría obsoleta antes de amortizarse.
La refinería se inauguró en 2022. Ha contribuido a reducir la dependencia de México de gasolinas importadas y a mantener un margen de soberanía energética en un entorno geopolítico que, como bien sabemos hoy, puede volverse muy volátil en muy poco tiempo.
El 14 de marzo de 2026, Donald Trump anunció la construcción de “America First Refining” en Brownsville, Texas: la primera refinería nueva en Estados Unidos en casi 50 años, con inversión de la empresa india Reliance Industries. Trump la describió como el mayor acuerdo de la historia estadounidense y un pilar de la dominancia energética del país. La refinería estará ubicada a escasos kilómetros del lado mexicano de la frontera, en el mismo corredor energético del Golfo donde opera Dos Bocas.
El anacronismo de ayer es la soberanía energética de hoy. Dos Bocas no necesitó que Trump le diera la razón. Pero que Trump la busque en su propia frontera es una confirmación que merece ser leída.
Lo que México no termina de entender de sí mismo
Estos cuatro casos no demuestran que todas las decisiones de política pública mexicana del período fueron correctas. Tampoco que las políticas de Trump sean sabias o replicables. Lo que sí demuestran es algo más incómodo: que el consenso tecnocrático global tiene una función de certeza que no siempre corresponde a su calidad analítica real. Y que aplicarlo como criterio para juzgar las políticas propias —antes que los datos, antes que los resultados— es una forma de delegarle a otros la soberanía intelectual sobre nuestros propios problemas.
México tiene una tendencia histórica a medir la validez de sus propias decisiones por el espejo externo. Cuando ese espejo refleja aprobación, nos sentimos seguros. Cuando refleja crítica, nos apresuramos a corregir el rumbo, aunque el diagnóstico propio fuera más fino. No es un problema de autoestima nacional —es un problema de método. Y tiene consecuencias prácticas: políticas que funcionaban se abandonan. Decisiones correctas se presentan con disculpas. La narrativa de nuestras propias capacidades queda en manos de quienes tienen más interés en cuestionarlas.
El verdadero problema no es que México se haya adelantado en cuatro casos distintos. El problema es que lo hizo sin creérselo, bajo una lluvia de críticas que interiorizamos como evidencia de error. Y que cinco años después, cuando la potencia más influyente del mundo llega a las mismas conclusiones desde coordenadas ideológicas completamente distintas, seguimos sin sacar la lección de fondo.
El antidoto no es el nacionalismo fácil ni la presunción de superioridad. Es algo más exigente: el rigor suficiente para leer nuestros propios datos con la misma seriedad con que leemos los de afuera. Para distinguir cuándo el consenso externo tiene razón —y cuándo es simplemente el consenso el que habla, no la evidencia.
La forma puede esperar. La función, no.
Jorge Flores Kelly es fundador y socio director de Aporta Consultoría Estratégica y director del Observatorio Nearshoring. Escribe sobre política comercial, estrategia industrial y la posición de México en las cadenas de valor globales.
