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por Enrique Hernández Alcázar

La escena es reveladora: los aliados que durante años marcharon en bloque con el oficialismo —el Partido Verde y el PT— decidieron tirar a la basura la Reforma Electoral de Claudia Sheinbaum. No fue un matiz, fue un manotazo. Y cuando la presidenta respondió con un Plan B —que incluía tocar el artículo 35 para abrir la puerta a una revocación de mandato promovida desde el propio poder, con posibilidad de hacer campaña—, el desmarque fue todavía más nítido. A los aliados tampoco les gustó. Hoy, todo apunta a que el tema revocatorio saldrá de la mesa.

Entonces, la pregunta es inevitable: si no es la democracia, ¿qué sí se está negociando?

Porque en política, los desacuerdos públicos suelen ser la antesala de los acuerdos privados. Y aquí hay demasiadas piezas moviéndose al mismo tiempo como para pensar en un simple diferendo técnico. Lo que estamos viendo no es una discusión sobre mecanismos de participación ciudadana; es una disputa por control político, por cuotas de poder y por el diseño del tablero rumbo a 2027.

El Plan B, en el fondo, parece menos un intento de reforma institucional y más una ficha de cambio. Una moneda de negociación. Se pone sobre la mesa una iniciativa que tensiona —que incomoda incluso a los aliados— para luego retirarla parcialmente y cobrar el costo político en otra ventanilla: candidaturas, posiciones en órganos electorales, control territorial, presupuestos.

¿De verdad alguien cree que el Verde y el PT se convirtieron, de la noche a la mañana, en guardianes de la pureza democrática? No. Lo que están haciendo es elevar el precio de su lealtad. Marcar distancia para después vender cercanía.

Y del otro lado, dentro del propio oficialismo, asoma una fisura que ya no se puede disimular. El claudismo y el obradorismo —si es que todavía se pueden separar con claridad— parecen jugar partidas paralelas. La iniciativa presidencial no solo generó ruido afuera; también evidenció nervios adentro. Porque modificar la revocación de mandato para que el poder convoque, participe y haga campaña no es un ajuste menor: es alterar la naturaleza misma de un instrumento que, en teoría, debería servir para limitar al poder, no para fortalecerlo.

Por eso incomodó. Por eso se cayó.

Pero cuando algo se cae en política, rara vez desaparece: se transforma. Y lo que hoy vemos es la mutación de una reforma fallida en una negociación abierta. Una donde lo que está en juego no es el artículo 35, sino el reparto del poder real.

Cargos, sí. Recursos, también. ¿Impunidades? No sería la primera vez.

El riesgo es que, en medio de este regateo, la democracia vuelva a ser el pretexto y no el objetivo. Que las reglas del juego se diseñen no para equilibrar fuerzas, sino para administrar ventajas. Y que el ciudadano —otra vez— quede fuera de la mesa donde se decide su propio destino.

Porque mientras nos hablan de participación, lo que parece estarse cocinando es otra cosa: una negociación de élites, con lenguaje democrático y lógica de mercado.

La pregunta ya no es qué contiene el Plan B.
Sino cuánto va a costar y, sobre todo, quién lo va a pagar.

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