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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de una iniciativa para crear la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, con el objetivo de homologar criterios en todo el país y reducir la impunidad en estos casos.

Acompañada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y por autoridades de la Secretaría de las Mujeres, la mandataria explicó que la propuesta busca replicar a nivel nacional el modelo de investigación aplicado en la Ciudad de México, el cual permitió mejorar la judicialización de casos de feminicidio.

Sheinbaum subrayó que, al tratarse de una Ley General, deberá ser adoptada por todas las entidades federativas una vez aprobada, lo que permitirá establecer criterios uniformes en la investigación, sanción y prevención del delito.

Reforma constitucional y enfoque integral

La iniciativa contempla una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir esta legislación. De acuerdo con Godoy, el feminicidio debe entenderse no solo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales del Estado.

Entre los elementos centrales se encuentra la homologación del tipo penal a nivel nacional, con el reconocimiento de nueve razones de género, como violencia sexual, antecedentes de violencia, relaciones de poder o exposición del cuerpo de la víctima.

Asimismo, se proponen penas de entre 40 y 70 años de prisión, sanciones para la tentativa y un catálogo de 21 agravantes, entre ellas que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, persona con discapacidad o que el crimen ocurra frente a sus hijos.

Investigación obligatoria como feminicidio

Uno de los puntos clave de la propuesta es que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, bajo protocolos homologados y con perspectiva de género.

Además, el delito será perseguido de oficio y tanto la acción penal como la reparación del daño serán imprescriptibles.

La iniciativa también contempla la pérdida de derechos del agresor, incluyendo patria potestad, derechos sucesorios y cualquier beneficio relacionado con la víctima.

Fortalecimiento institucional

El proyecto establece la creación y consolidación de Fiscalías Especializadas con personal certificado y capacitado, así como la obligación de dar continuidad a las investigaciones sin interrupciones, desde su inicio hasta la ejecución de sanciones.

También se prevé la coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y atención a víctimas, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas y periciales.

Derechos de víctimas y reparación integral

Por su parte, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracíbar destacó que la ley incorpora un enfoque amplio de atención a víctimas directas e indirectas, incluyendo familiares y, especialmente, hijas e hijos en situación de orfandad.

Entre los derechos contemplados están el acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica, asesoría jurídica gratuita y servicios de educación y salud.

La reparación del daño deberá ser integral, efectiva y proporcional, no solo en términos económicos, sino mediante políticas públicas que restituyan derechos y brinden protección a las víctimas.

Medidas de prevención y nuevas obligaciones

La iniciativa también plantea la creación de un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como una comisión especial para coordinar la implementación de la ley y campañas permanentes de prevención.

Además, se incluyen disposiciones para que plataformas digitales eviten la difusión de contenidos que vulneren la dignidad de las víctimas.

Envío inmediato al Congreso

La presidenta confirmó que la iniciativa será enviada de inmediato al Congreso, con la expectativa de que sea discutida en el Senado en los próximos días.

“Es una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo”, afirmó Sheinbaum, al señalar que el objetivo central es garantizar que la violencia feminicida sea investigada con rigor, sancionada y, sobre todo, prevenida en todo el país.

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