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La implementación de la nueva Ley de Aguas ha comenzado a reflejarse en un aumento en la recaudación federal y en la detección de adeudos millonarios por parte de empresas, informaron autoridades durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, en 2025 los ingresos por derechos de agua aumentaron en 3 mil 500 millones de pesos, mientras que para 2026 se prevé un incremento adicional de 6 mil 300 millones.
A la par, las autoridades identificaron un adeudo estimado cercano a los 12 mil millones de pesos por parte de empresas, asociado a irregularidades como falta de pago, ausencia de medidores y extracción por encima de los volúmenes concesionados.
Morales López explicó que estos resultados derivan del fortalecimiento de las facultades de verificación y control que introdujo la reforma, lo que ha permitido detectar inconsistencias en títulos de concesión y en el uso efectivo del recurso.
Inspecciones y sanciones
Como parte de este proceso, la Conagua ha realizado 7 mil 614 inspecciones a nivel nacional, de las cuales más de mil concluyeron en clausuras por uso ilegal del agua.
La nueva legislación contempla sanciones económicas más elevadas, así como la posibilidad de cancelar concesiones o iniciar procedimientos penales en casos graves.
Regularización y medición
El organismo también reportó avances en la regularización de usuarios. A la fecha se han concluido 9 mil 547 trámites, principalmente para pequeños y medianos productores, incluyendo prórrogas y nuevos títulos.
Además, la ley establece la obligación de mejorar los sistemas de medición del agua concesionada, con el objetivo de evitar subregistros y asegurar el pago conforme al volumen utilizado.
Cambios en concesiones y uso del agua
Entre los ajustes más relevantes está la eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares, lo que impide la compraventa de derechos de agua y limita la especulación.
También se restringen los cambios de uso sin autorización, práctica que permitía que concesiones agrícolas, que no pagan derechos, fueran utilizadas con fines comerciales.
Las autoridades indicaron que estas medidas buscan ordenar el sistema de concesiones y garantizar que el agua sea utilizada por quienes realmente la necesitan.
Impacto en municipios
Como parte de la implementación de la reforma, el gobierno federal entregó títulos de asignación de agua a municipios de Baja California, que anteriormente pagaban a particulares por el acceso al recurso.Reforma
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que esta medida permitirá garantizar el suministro en ciudades como Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate y Rosarito.
Datos oficiales indican que, en los últimos cinco años, estos municipios destinaron más de 531 millones de pesos a la compra de agua bajo esquemas que ahora quedan sin efecto.
La nueva Ley de Aguas también incorpora el reconocimiento de sistemas comunitarios en zonas rurales e indígenas y establece mecanismos para recuperar concesiones no utilizadas o irregulares.
De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, el objetivo es fortalecer el control sobre el uso del recurso hídrico en un contexto de creciente demanda y presión sobre los acuíferos del país.
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