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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la reforma a la Ley de Aguas permitirá que el Gobierno federal recaude más de 7 mil millones de pesos durante este año, gracias al combate al acaparamiento, la evasión de pagos y otras prácticas irregulares en el uso del recurso.

Durante su conferencia matutina de este lunes, explicó que en 2025 los ingresos por derechos de agua aumentaron de mil millones a 3 mil millones de pesos, y que para 2026 se espera más que duplicar esa cifra, tras una revisión profunda de concesiones y permisos.

Sheinbaum señaló que se detectaron mecanismos mediante los cuales grandes empresas transferían concesiones entre sí para evitar pagar lo que correspondía, además de concentrar grandes volúmenes de agua. 

Estas prácticas, dijo, ya están siendo corregidas para asegurar que el recurso se use de manera más justa y equitativa.

Como parte de este proceso, destacó que se están entregando títulos de agua a ejidatarios y comunidades que no contaban con documentos legales, a pesar de utilizar el recurso desde hace años.

Nuevo control sobre las concesiones

El pasado 2 de octubre, la mandataria explicó que la nueva Ley Nacional de Aguas establece cambios clave para garantizar que el agua siga siendo un bien de la nación y evitar su comercialización.

Detalló que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene la facultad de otorgar concesiones tanto a municipios como a particulares, pero ahora las concesiones privadas ya no pueden venderse ni transferirse a otros particulares.

Con este nuevo esquema, si una persona o empresa deja de usar el agua, deberá devolver la concesión a Conagua y, en caso de requerirla para otro fin, solicitar un nuevo permiso, lo que permitirá un mayor control del Estado sobre el recurso.

Puso como ejemplo los predios que cambian su uso agrícola por desarrollos habitacionales, donde ahora será obligatorio tramitar una nueva concesión, con el objetivo de garantizar un uso ordenado y sustentable del agua.

Sheinbaum subrayó que estas medidas han sido clave para fortalecer la recaudación, mejorar la supervisión y frenar el acaparamiento del recurso.

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