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La construcción de la nueva red ferroviaria de pasajeros desafía el histórico bloqueo al derecho de vía por parte de comunidades que, durante décadas, habían sido ignoradas por los operadores de trenes con énfasis en la movilización de carga.
Ahora, sin embargo, cuando los trenes tienen un claro enfoque en conectar personas y comunidades, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no sólo busca alcanzar un punto de quiebre en materia de ingeniería, sino también en gestión territorial y socialización de estos proyectos de infraestructura.
Mediante un modelo de “acompañamiento permanente” y concertación directa con comunidades, el Gobierno de México reporta la liberación de 24,892,137 metros cuadrados de terreno para garantizar el paso de las nuevas rutas, se informó hoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con informes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), la liberación del Derecho de Vía presenta avances significativos en los cuatro ejes prioritarios de esta administración:
- Saltillo – Nuevo Laredo: Es el proyecto con mayor progreso en liberación, alcanzando un 47% de su trazo.
- México – Querétaro: Registra un 30% de avance, con más de 7.4 millones de m² ya disponibles.
- Querétaro – Irapuato: Reporta un 14% de avance.
- AIFA – Pachuca: Con un 9% de liberación general, este tramo destaca por un complejo trabajo de micro gestión en municipios del Estado de México e Hidalgo.
Esta liberación contempla una mezcla de propiedad privada (24%), propiedad social (11%) y el aprovechamiento del derecho de vía histórico (7%), lo que ha requerido la regularización de más de mil títulos de propiedad antiguos.
La “Licencia Social” en el centro de la obra
A diferencia de administraciones pasadas, el esfuerzo actual se centra en la anuencia de las comunidades. Hasta la fecha, se han realizado 70 asambleas con la participación de más de 3,500 personas pertenecientes a 123 ejidos. Este diálogo ha permitido la adquisición de 633 parcelas (564 individuales y 69 de uso común) sin recurrir a litigios prolongados.
En zonas con población indígena, como en el tramo México-Querétaro, se han llevado a cabo 26 asambleas informativas y consultivas en 12 comunidades, logrando aprobaciones por unanimidad en localidades como Santa María Macua y San Clemente.
Uno de los mayores retos históricos del derecho de vía ha sido la presencia de asentamientos en zonas de riesgo. En un esfuerzo coordinado, se logró la reubicación de 44 familias en Tizayuca y Reyes Acozac que vivían sobre la vía. Con una inversión de 28 millones de pesos, 33 de estas familias recibieron una vivienda nueva, mientras que 11 contaron con recursos para adquisición propia, transformando un conflicto legal en un beneficio social tangible.
Mientras Sedatu libera el suelo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y empresas civiles ya ejecutan obras en los tramos liberados. El tren CDMX-Pachuca ya presenta un 21.15% de avance físico, mientras que en la ruta Saltillo-Nuevo Laredo se han completado 171 km de desmonte y despalme dentro del derecho de vía ya asegurado.
El éxito de estos proyectos, que buscan mover a más de 70 mil pasajeros diarios en sus rutas del norte y centro, depende hoy más que nunca de mantener este ritmo de concertación social, asegurando que el tren no solo pase por las comunidades, sino que se integre a ellas.
