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El reto no es rescatar indefinidamente a la empresa, sino transformarla en un motor sostenible que vuelva a generar valor para el Estado y la sociedad.
Por primera vez en su historia reciente, Petróleos Mexicanos dejó de ser un pilar de las finanzas públicas para convertirse en una carga directa para la ciudadanía. En 2025, el balance fue inédito: los mexicanos subsidiaron a Pemex, en lugar de beneficiarse de su operación. Este punto de inflexión no responde a un sólo factor, sino a la combinación de una plataforma productiva en declive, cambios fiscales que redujeron la captación pública y un esquema creciente de apoyos presupuestarios que superó, por primera vez, lo que la empresa aportó al Estado.
Los tres elementos que aceleraron el desbalance
La caída en la producción petrolera es el primer elemento estructural. En 2025, Pemex produjo apenas 1,367 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 1990. Medido por habitante, esto equivale a sólo 10 barriles de crudo por cada mil personas, la cifra más baja en 35 años. Con menos barriles, simplemente hay menos renta que distribuir. Antes incluso de discutir impuestos o transferencias, el deterioro de la plataforma limita severamente el papel del petróleo como fuente de ingresos públicos.
A este retroceso se sumaron cambios profundos en el régimen fiscal de la empresa que desde que comenzaron a implementarse en 2019, han reducido de forma significativa la porción de la renta petrolera que recibe la Federación. Así, en 2025, de cada peso generado por la venta de petróleo, el Estado captó sólo una cuarta parte. Pemex retuvo el resto, en un contexto en el que la renta petrolera total ya era la más baja desde la pandemia.
El quiebre definitivo se observa al considerar el balance neto. El año pasado, Pemex aportó 240 mil millones de pesos al erario, pero recibió 396 mil millones en transferencias presupuestarias. El resultado fue una pérdida neta para el Estado de 156 mil millones. En términos sencillos, cada mexicano subsidió a Pemex con más de mil pesos en 2025. No se trata sólo de menor recaudación, sino de un cambio de signo en la relación financiera entre la empresa y la ciudadanía.
Cómo fortalecer a Pemex para todos los mexicanos
El diagnóstico es claro, pero no necesariamente pesimista si se corrigen los problemas de fondo. Las Directrices de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre empresas estatales ofrecen una hoja de ruta útil. Primero, es indispensable fortalecer la gobernanza corporativa. Un Consejo de Administración profesional, con mayor independencia y diversidad técnica, es condición necesaria para una dirección estratégica que priorice la viabilidad de largo plazo por encima de objetivos políticos de corto plazo.
Segundo, los apoyos financieros del Estado deben transformarse en una palanca de inversión, no en un mecanismo para cubrir pérdidas recurrentes. El respaldo público debe estar explícitamente condicionado a reconstruir la capacidad productiva de Pemex, con metas claras y verificables. Sin esta condicionalidad, los recursos seguirán diluyéndose.
Tercero, es clave avanzar hacia reglas fiscales claras y predecibles para las empresas productivas del Estado, que permitan evaluar su desempeño con métricas comparables y reduzcan la discrecionalidad. A ello debe sumarse una mayor transparencia sobre el costo real de los mandatos públicos que asume Pemex. Ello implica separar sus objetivos comerciales de sus funciones sociales.
Finalmente, Pemex necesita un mandato claro, explícito y medible. La noción de soberanía energética, tal como está planteada hoy, carece de indicadores verificables y genera una ambigüedad que debilita la rendición de cuentas. Definir con precisión qué se espera de la empresa -y cómo se medirá- es esencial para recuperar la confianza ciudadana y de los mercados.
Sin cambios, el subsidio ciudadano a Pemex corre el riesgo de normalizarse. Con ellos, en cambio, el apoyo público puede convertirse en una inversión estratégica. El reto no es rescatar indefinidamente a la empresa, sino transformarla en un motor sostenible que vuelva a generar valor para el Estado y la sociedad.
