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El gobierno federal avanzó en el rediseño de las reglas para la venta de boletos y organización de conciertos en México, luego de la controversia por el caso de BTS. Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), Iván Escalante, delineó una estrategia que combina sanciones en curso y nuevas obligaciones para el sector.

Multa en puerta

En el frente administrativo, la empresa Ticketmaster respondió el 11 de febrero a la notificación derivada del Procedimiento por Infracción a la Ley. Tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos.

Una vez concluido ese plazo, Profeco contará con 15 días hábiles para emitir la resolución que podría traducirse en una multa. El monto final dependerá del análisis de los argumentos presentados por la empresa, pero el procedimiento ya se encuentra en su fase decisiva.

Reventa digital bajo la lupa

El funcionario informó que las plataformas StubHub y Viagogo ya fueron formalmente notificadas para ajustarse a la normatividad mexicana. De no hacerlo, enfrentarían también un procedimiento por infracción a la ley.

En el caso de Hellotickets, Profeco logró identificar un domicilio de representación en territorio nacional, lo que permitirá iniciar esta misma semana la notificación física del procedimiento correspondiente.

Nuevas reglas: más transparencia y menos cargos sorpresa

Más allá del caso específico, Profeco publicará esta semana lineamientos que buscan cerrar espacios a prácticas que han generado inconformidad entre consumidores.

Entre las principales disposiciones se establece que, al menos 24 horas antes de la primera venta, se deberá informar claramente el lugar, fecha, horarios, artistas, mapa del evento, número de asientos disponibles y el monto total a pagar por sección. Este precio no podrá incrementarse al momento de la compra.

Además, en caso de cancelación, deberán detallarse las vías de devolución. Y si existe cualquier modificación logística, como cambios de escenario o ajustes en la distribución, ésta deberá notificarse con al menos 24 horas de anticipación al concierto.

Uno de los puntos centrales es la prohibición de condicionar la compra a paquetes o servicios complementarios, como esquemas VIP preseleccionados, salvo que sean informados de manera clara y no obligatoria.

Con estas medidas, el gobierno busca no sólo resolver el caso concreto, sino sentar un precedente regulatorio en un mercado de espectáculos que ha crecido aceleradamente y donde la demanda masiva ha puesto a prueba los mecanismos de protección al consumidor.

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