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El Plan de Inversión en Infraestructura ofrece un umbral prometedor para la recuperación de México, pero sus áreas de oportunidad —mayor transparencia, autonomía privada y diversificación sectorial— deben abordarse con urgencia para maximizar sus impactos.
*Rodolfo Ostolaza Berman, subdirector de Estudios Económicos de Banamex
El Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 3 de febrero de 2026, representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en décadas para romper la inercia de bajo crecimiento que ha caracterizado a México.
Con una inyección adicional de 5.6 billones de pesos —equivalentes a unos 323 mil millones de dólares o el 15 % del PIB— este plan busca elevar el crecimiento del PIB hacia un ritmo sostenido de 3% anual mediante más de 1,500 proyectos en sectores clave.
Su estructura sectorial prioriza la energía (54% del total) y la logística (trenes, carreteras, puertos, etc.), enfatizando la soberanía energética, la conectividad regional y la equidad social.
Este esquema, que actúa como acelerador del Plan México, inicia con fuerza en 2026 mediante 722 mil millones de pesos extras —cerca de 2% del PIB—, financiados, parcialmente, a través de vehículos mixtos público-privados que comparten riesgos sin, en principio, comprometer la propiedad estatal ni generar deudas onerosas.
La motivación detrás de este plan es clara y oportuna: México arrastra un crecimiento mediocre, de tan solo 0.5% en 2025 y de 0.9% en promedio desde 2019, en un contexto de volatilidad global, rezagos en el aprovechamiento del nearshoring, y presiones internas como la inflación persistente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una genuina preocupación por este estancamiento, evidenciada en sus reuniones recientes con economistas y líderes bancarios. Además, ha subrayado desde el Plan México la necesidad de dinamizar la inversión, elevándola por encima del 25% del PIB en 2026 y hacia el 28% para 2030.
El plan responde a eso, posicionándose como un catalizador para la moderada recuperación que anticipamos para 2026, apoyada en exportaciones dinámicas, fortalecimiento del consumo privado y un entorno menos incierto para la inversión.
Deterioro. Y oportunidad
Sin embargo, las áreas de oportunidad en este plan son amplias y críticas, especialmente en un entorno de deterioro institucional que ha erosionado la confianza de los inversionistas.
Para empezar, la falta de transparencia inicial es un obstáculo mayor: no se ha divulgado la lista completa de los 1,500 proyectos ni una distribución anual detallada más allá del monto para 2026, lo que genera dudas y dificulta la evaluación de su viabilidad económica.
Esto es particularmente problemático para lograr atraer inversión privada, además de que los esquemas mixtos siguen supeditados a un control gubernamental fuerte, limitando la autonomía y el atractivo para el sector empresarial.
Aquí radica una gran oportunidad: si el gobierno ajustara los mecanismos para ofrecer mayor certidumbre jurídica y participación en la toma de decisiones, podría multiplicar el efecto de la inversión pública, similar a lo visto en modelos exitosos de asociaciones público-privadas en otros países emergentes.
Además, la concentración de recursos en Pemex y CFE —entidades con un historial de ineficiencia operativa y necesidades recurrentes de capital— representa otra área para mejorar; diversificar más hacia sectores como logística, agua, salud, telecomunicaciones y educación podría equilibrar el impacto regional y social, alineándose mejor con las metas de bienestar y sustentabilidad del Plan México.
El diablo, en los detalles
Pero el elefante en la habitación son los riesgos potenciales asociados a los vehículos financieros propuestos, especialmente aquellos similares a los Pre-Capitalized Notes (P-Caps) implementados para aliviar el pasivo de Pemex en 2025.
Recordemos qué son los P-Caps: se trata de notas estructuradas precapitalizadas, un instrumento financiero sofisticado que permite al emisor —en este caso, el gobierno federal a través de un fideicomiso— levantar fondos sin registrarlos como deuda directa en el balance público.
En julio de 2025, México emitió 12,000 millones de dólares en P-Caps con vencimiento en 2030, destinados a cubrir obligaciones de Pemex con proveedores y prestadores de servicios, reduciendo así la carga inmediata de la petrolera más endeudada del mundo.
La operación, que atrajo una demanda de 23,400 millones de dólares de inversionistas institucionales globales, se presentó como una “jugada maestra” para optimizar el balance del sector público sin impactar la calificación crediticia.
En esencia, los P-Caps funcionan como un préstamo colateralizado: se emiten bonos que generan intereses precapitalizados (es decir, acumulados y pagados al vencimiento), y los recursos se usan para adquirir activos o pagar pasivos, manteniendo la deuda “fuera de balance”.
No obstante, estos instrumentos conllevan riesgos significativos que podrían amplificarse si se replican en el plan de infraestructura.
Riesgos implícitos
Los P-Caps en el plan de infraestructura conllevan varios riesgos.
Primero, el principal peligro es el de contingencias fiscales ocultas: aunque no se registren como deuda soberana inmediata, representan garantías implícitas del gobierno, lo que significa que si Pemex (o en su caso CFE) no generan los flujos suficientes para cubrir los vencimientos —un escenario plausible dada su ineficiencia histórica y la volatilidad de los precios del petróleo—, el erario terminaría absorbiendo el costo.
Esto podría elevar la deuda neta del sector público en un escenario adverso.
Segundo, hay riesgo moral: al aliviar presiones de corto plazo sin reformas estructurales en Pemex y CFE, se perpetúa la dependencia de subsidios del gobierno federal, desincentivando mejoras en gobernanza y eficiencia operativa.
Tercero, en un contexto de escrutinio internacional, agencias calificadoras podrían reinterpretar estos vehículos como deuda contingente, presionando la calificación soberana y elevando los costos de financiamiento para todo el país.
Finalmente, la opacidad en su diseño —como se vio en la emisión de 2025, donde detalles sobre colaterales y tasas no fueron totalmente transparentes al inicio— podría erosionar la confianza de los mercados, especialmente si se extienden a otros sectores del plan, como energía o transporte, donde el retorno de inversión es incierto.
En resumen, el Plan de Inversión en Infraestructura ofrece un umbral prometedor para la recuperación de México, pero sus áreas de oportunidad —mayor transparencia, autonomía privada y diversificación sectorial— deben abordarse con urgencia para maximizar su impacto.
Al mismo tiempo, los riesgos de estructuras como los P-Caps subrayan la necesidad de cautela: sin auditorías independientes y reformas profundas en entidades como Pemex y CFE, este ambicioso esquema podría convertirse en una nueva fuente de vulnerabilidad fiscal, en lugar de un verdadero acelerador económico.
Además, la revisión del T-MEC en el horizonte y las presiones globales exigen que México no solo invierta, sino que lo haga de manera inteligente y sostenible.
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*Como subdirector de Estudios Económicos del Banco Nacional de México (Banamex), Rodolfo se encarga de dar seguimiento a los sectores real y externo de la economía mexicana.
El ejecutivo tiene una Maestría en Economía por El Colegio de México; una Licenciatura en Finanzas de la Universidad Tecnológica de México, y una Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Anteriormente, fue economista senior del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. También desempeñó los cargos de jefe de la sección de estadísticas de comercio internacional en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
