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México parece estar viviendo una transición híbrida entre el pasado fósil y un presente eléctrico que, por momentos, parece desbordar las propias expectativas del mercado.
Los datos más recientes del INEGI, AMDA y AMIA, revelan un crecimiento sostenido y acelerado en la venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en nuestro país. Año tras año, las cifras de matriculaciones registran incrementos de dos y hasta tres dígitos, impulsadas tanto por programas de renovación vehicular como por una mayor conciencia ambiental entre consumidores y flotas corporativas. Las marcas han respondido con una oferta cada vez más variada, desde SUV compactas, pic ups, camiones, vagonetas hasta sedanes de lujo, abriendo opciones reales para distintos segmentos de comprador.
Sin embargo, este auge se enfrenta a una contradicción evidente: mientras las ventas suben con fuerza, la infraestructura de carga no crece al mismo ritmo. Los puntos de carga pública siguen siendo escasos, concentrados en grandes ciudades y corredores limitados, con brechas significativas entre las distintas regiones de México. Esto genera una paradoja inevitable: más autos eléctricos en las calles, pero menos lugares donde “alimentarlos”.
Este cuello de botella no es un tema menor. La percepción de inseguridad respecto a la autonomía, el temido “estrés de recarga”, sigue siendo una de las principales barreras psicológicas para quienes contemplan dar el salto al vehículo eléctrico. Y sin una red de carga robusta, confiable y extensa, perderemos no solo competitividad frente a otros países de la región, sino también la oportunidad de acelerar la descarbonización del transporte, que representa una parte considerable de nuestras emisiones.
El problema no es tanto la tecnología ya que los vehículos eléctricos han probado ser eficientes, silenciosos y competitivos en costos de operación, sino la coordinación institucional y la inversión en infraestructura. Países que han logrado un despliegue exitoso de movilidad eléctrica combinan incentivos fiscales, cooperación público-privada y una estrategia clara de expansión de estaciones de carga. En México, por desgracia, aún falta esa visión de largo plazo.
La iniciativa privada ya ha comenzado a entrar en el juego con estaciones de carga en grandes centros comerciales, corredores urbanos y algunas rutas que conectan a las grandes ciudades. No obstante, sin un marco regulatorio que fomente la inversión y garantice interoperabilidad entre sistemas, ese esfuerzo quedará fragmentado y lento.
El gobierno tiene un papel clave, no solo como regulador, sino como facilitador: establecer metas claras, promover estándares técnicos, ofrecer incentivos alineados con objetivos climáticos y, sobre todo, apostar por proyectos de infraestructura en zonas estratégicas.
El crecimiento de los vehículos eléctricos en México no es un espejismo ni una moda pasajera: es una realidad tangible y sostenida. Pero si queremos que ese crecimiento no se trunque por falta de infraestructura, debemos actuar ahora. No basta con vender autos eléctricos; hay que asegurarse de que puedan circular sin restricciones, con confianza y con una red de soporte que esté a la altura de la demanda emergente. Porque de nada sirve llevar un auto del futuro si no encontramos dónde cargarlo hoy.
¡Adiós!
