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Mientras la inversión extranjera fluye, la inversión privada nacional permanece en espera. El reto del nuevo sexenio no es la confianza ni la narrativa, sino construir el vehículo institucional que convierta diálogo en inversión ejecutable.
La paradoja
Se ha instalado una paradoja en la economía mexicana que pasa desapercibida en el debate público. Mientras la inversión extranjera directa continúa fluyendo y marca récord en 2025, a pesar de los aranceles de Trump —impulsada por nearshoring y la reconfiguración de cadenas globales—, la inversión privada nacional de gran escala se ha contraído de manera persistente desde 2018. No se trata de fuga de capitales ni de colapso macroeconómico. Se trata de retención estratégica: los grandes grupos empresariales mexicanos no están desinvirtiendo; están posponiendo.
Este fenómeno apunta al verdadero cuello de botella del crecimiento en el sexenio de Claudia Sheinbaum: no la falta de capital externo, sino la incapacidad de movilizar el capital nacional hacia proyectos nuevos, adicionales y transformadores. El diagnóstico importa porque el problema no es el que todos discuten —confianza empresarial, retórica presidencial, clima político—, sino uno más profundo y técnico: la ausencia de un vehículo institucional que convierta diálogo en inversión ejecutable.
IED sí, inversión nacional no: una distinción clave
La diferencia entre inversión extranjera directa e inversión privada nacional no es solo contable; es política y estratégica. La IED responde principalmente a factores estructurales: tratados comerciales, acceso al mercado estadounidense, costos laborales y logística. Y ha seguido fluyendo incluso en un entorno de cambio geopolítico profundo. Es relativamente indiferente al ciclo político interno.
La inversión privada nacional, en cambio, es eminentemente discrecional. Los grandes grupos empresariales mexicanos no invierten por inercia macroeconómica, sino cuando perciben certidumbre institucional, reglas claras y, sobre todo, oportunidades concretas de inversión con retornos previsibles. Cuando esos elementos no existen, el capital no se va: espera.
Desde una perspectiva político-económica, este comportamiento no puede entenderse sin reconocer que Morena rompió deliberadamente el pacto implícito que había estructurado la relación entre el Estado y las élites económicas durante el periodo neoliberal. Ese pacto descansaba en concesiones amplias, rentas reguladas, baja fiscalización y, en muchos casos, captura sectorial.
La revisión de contratos y concesiones generó —con razón o sin ella— una recalibración de expectativas en el empresariado, no tanto por la corrección de abusos, sino por la ausencia de reglas sustitutas claras. El problema no fue la ruptura del viejo pacto. El problema fue que esa ruptura no vino acompañada de la construcción de uno nuevo. La transición tomó la forma de ruptura sin institucionalización.
En ausencia de ese nuevo marco, la reacción racional del capital fue posponer decisiones de largo plazo.
Una lección histórica olvidada
La historia económica moderna de México muestra un patrón claro: la inversión privada nacional responde a vehículos institucionales específicos, no a narrativas ni llamados genéricos. Un vehículo, en este sentido, es una plataforma que transforma expectativas políticas en decisiones económicas concretas mediante incentivos definidos, reglas estables y retornos previsibles.
José López Portillo diseñó la expansión petrolera como eje organizador del proyecto económico del Estado. La claridad del objeto —energía e infraestructura asociada— permitió una rápida movilización de inversión privada nacional en proveeduría, construcción y servicios. El mecanismo funcionó como coordinador de expectativas y decisiones de capital. Las debilidades del modelo fueron macroeconómicas, no de tracción inversionista.
Carlos Salinas creó el vehículo más eficaz del periodo moderno: un paquete coherente de privatizaciones y reformas estructurales que definió activos, mercados y retornos de manera explícita. El capital privado nacional respondió con fuerza al contar con un marco claro para invertir y escalar. La capacidad de movilización fue muy alta y rápida. Sus costos posteriores no anulan su potencia como mecanismo de atracción.
En contraste, Zedillo consolidó vehículos heredados pero no diseñó nuevos objetos de inversión; Fox articuló uno específico en vivienda y financiamiento hipotecario que funcionó, pero con alcance sectorial limitado; y Calderón intentó uno en energía que careció de un objeto claro capaz de reorganizar expectativas. Peña Nieto construyó un paquete amplio de reformas estructurales que sí generó respuestas del capital privado, aunque de manera desigual y con tiempos largos de maduración. Fue más ambicioso que Calderón, pero políticamente frágil e inferior a Salinas en capacidad de movilización inmediata.
El patrón es consistente: cuando existe un vehículo institucional claro, la inversión nacional se activa. Cuando no existe, espera.
El error de confundir narrativa con mecanismo
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado recomponer la relación con el sector privado mediante un consejo empresarial amplio y representativo. El gesto político es relevante y, en términos de señalización, necesario. Pero existe un riesgo claro: confundir el espacio de diálogo con el instrumento de inversión.
Los grandes empresarios no responden a narrativas de reconciliación ni a llamados patrióticos. Responden a vehículos de inversión: plataformas institucionales que convierten expectativas políticas en decisiones económicas concretas. Hasta ahora, lo que ha emergido del consejo se parece más a un ejercicio de coordinación política que a la creación de un nuevo motor de inversión.
Las carteras de proyectos anunciadas son, en muchos casos, inversiones que los grupos empresariales ya tenían previstas. Eso puede ser políticamente útil, pero no resuelve el problema central: la ausencia de inversión adicional.
El reto del nuevo gobierno es particularmente complejo. Por un lado, necesita reactivar la inversión privada nacional para sostener el crecimiento económico. Por otro, no puede —ni quiere— regresar al modelo de privilegios, concesiones opacas y rentas garantizadas que Morena cuestionó con legitimidad. El reto no es restaurar el pacto anterior, sino sustituirlo por un marco nuevo: más transparente, menos capturable y con rendición de cuentas.
Este dilema explica la tensión actual: hay voluntad de diálogo, pero no existe aún un vehículo institucional compatible con el proyecto político que permita transformar esa voluntad en inversión efectiva.
El vehículo que falta
El problema no es la voluntad política ni la confianza empresarial. El problema es la arquitectura. No existe hoy una plataforma institucional capaz de movilizar al capital nacional sin reproducir los vicios del pasado.
Un vehículo de inversión compatible con el proyecto de la Cuarta Transformación debe cumplir cuatro condiciones simultáneas: primero, movilizar capital privado sin generar rentas garantizadas; segundo, tener trazabilidad pública que evite captura sectorial; tercero, operar con rentabilidad verificable que discipline la asignación de recursos; y cuarto, alinear objetivos de desarrollo nacional con decisiones descentralizadas de inversión.
Ese vehículo no puede construirse desde la lógica de las asociaciones público-privadas tradicionales, ni mediante fondos gubernamentales con participación privada cosmética, ni a través de incentivos fiscales generalizados que terminan beneficiando a quien menos los necesita. Requiere una arquitectura institucional distinta.
¿Existe esa arquitectura? Sí. ¿Es técnicamente viable en México hoy? También. ¿Requiere reformas constitucionales? No. ¿Requiere voluntad política y sofisticación institucional? Por supuesto.
Mientras esa arquitectura no exista, el resultado seguirá siendo el mismo: crecimiento sostenido por nearshoring y factores externos, inversión privada nacional contenida y un potencial económico subaprovechado. El punto no es “ayudar a los empresarios”; es destrabar inversión que eleva productividad, empleo formal y capacidades regionales.
Lo que está en juego
Si el gobierno de Claudia Sheinbaum logra identificar y construir un vehículo de inversión que alinee incentivos, discipline costos y preserve legitimidad política, puede destrabar el principal freno al crecimiento del sexenio. Si no lo hace, la economía mexicana seguirá avanzando, pero sin aprovechar plenamente su propio capital.
El consejo empresarial puede ser un punto de partida. Pero sin un vehículo concreto, seguirá siendo solo eso: un gesto. Y la historia económica mexicana es clara en este punto: la inversión no se activa con gestos, sino con mecanismos.
La inversión nacional está esperando. No está esperando narrativas, ni llamados patrióticos, ni mesas de diálogo. Está esperando un mecanismo concreto que convierta conversación en proyectos financiables y ejecutables. La siguiente fase del proyecto económico de Sheinbaum es pasar del diálogo a la arquitectura, de la coordinación política a la plataforma de inversión.
El vehículo existe. La pregunta es si estamos listos para construirlo.
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