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Por: Héctor Fernando González.
México está llegando a un punto de inflexión ineludible, el momento de decidir qué hacer, y sobre todo cómo hacerlo, con la gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA). No se trata de una elección binaria entre prohibir o permitir, sino de evitar que las brechas existentes se profundicen. Al observar el panorama actual, encontramos un ecosistema de contrastes.
Por un lado, el Ejecutivo Federal ha comenzado a promover el uso de estas herramientas para eficientar sus análisis y decisiones. Vemos esfuerzos como el uso de supercomputadoras para el análisis de riesgo en aduanas o modelos para la asistencia en ciencia y tecnología. Es una señal de adopción pragmática.
Por otro lado, y quizás de manera más silenciosa pero contundente, el Poder Judicial está dando los primeros pasos firmes para establecer las “reglas del juego” al momento de impartir justicia. Ante el vacío legislativo, los jueces están delineando criterios éticos y operativos que bien podrían convertirse en el estándar nacional:
a) Proporcionalidad e inocuidad, exigiendo que la IA se utilice únicamente en la medida necesaria para un fin legítimo, como facilitar razonamientos numéricos, sin sustituir el razonamiento jurídico.
b) Protección de datos, asegurando que no se comprometa la confidencialidad del expediente.
c) Transparencia y explicabilidad, obligando al juzgador a exponer la metodología y datos para que el proceso sea auditable.
d) Supervisión humana, garantizando que la tecnología opere siempre como auxiliar.
A esto se suma que la Suprema Corte (SCJN) ya ha establecido un precedente clave: el contenido generado 100% por IA no es susceptible de protección intelectual.
Esto puede estar dando señales claras de hacia dónde quiere ir el país. Sin embargo, el contraste con el Legislativo es notable. Mientras los jueces definen reglas operativas, en el Congreso de la Unión las iniciativas han explotado en volumen en los últimos años, pero sin consenso real. La mayoría de estas iniciativas son reactivas, enfocadas en sanciones y violencia digital, dejando de lado una visión integral.
Esto ocurre sin dejar de ver las batallas que se libran a nivel local, donde los jueces enfrentan dilemas prácticos complejos, desde la dificultad para validar pruebas en video ante la proliferación de deepfakes, hasta los retos en casos de violencia digital, principalmente contra mujeres, donde fincar responsabilidad se vuelve una tarea titánica.
México está avanzando, sí, pero con una arquitectura dispareja: un Poder Judicial que ya define estándares, un Ejecutivo que explora aplicaciones estratégicas y un Legislativo que multiplica iniciativas sin una visión articulada. En esa fragmentación se juega algo más que técnica o regulación, se juega la capacidad del país para construir una gobernanza que dé certidumbre, competitividad y rumbo en el desarrollo y uso de la IA.
Se dice que hemos atravesado cuatro revoluciones industriales; sin temor a equivocarme, la llegada de la IA podría estar marcando la quinta. Pero ninguna revolución es automática, todas requieren de visión a futuro y objetivos claros.
Carlos Fuentes escribió en La región más transparente: “Las revoluciones las hacen hombres de carne y hueso, no santos, y todas terminan por crear una nueva casta privilegiada”. No es un juicio moral, sino una advertencia sobre lo que ocurre cuando la transformación avanza sin brújula.
En esta revolución, hoy esa “casta” podría manifestarse en una brecha existente, entre quienes acceden a la infraestructura, los datos y las capacidades digitales, y quienes quedan al margen por falta de infraestructura, habilidades o políticas públicas adecuadas. México, y eso incluye al Estado, empresas y academia, tiene la tarea urgente de fijar el rumbo a largo plazo, para construir un modelo que habilite y no restrinja. Si lo logramos, esta revolución tecnológica no reproducirá viejos patrones, los superará.
Héctor Fernando es representante en México de la firma SmC+ Digital Public Affairs y fundador de la consultora Nmap Consulting Group.
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