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por Enrique Hernández Alcázar
La frase salta una y otra vez ante cualquier acusación, comparación o sospecha de corrupción o impunidad en la 4T: “no somos iguales”. Lo repiten como mantra, como consigna aprendida de memoria, como escudo automático frente a cualquier signo de continuidad con el pasado. Pero el poder -cuando se ejerce sin autocrítica- suele desnudar las frases hechas.
La realidad, terca como siempre, vuelve a exhibir que la diferencia prometida muchas veces no pasa de ser un cambio de voceros. Dos casos recientes lo confirman.
La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Josefa González-Blanco, exsecretaria de Medio Ambiente y exembajadora en Reino Unido, frente a denuncias de abuso laboral. La justificación fue casi burocrática: “hizo un buen papel” y, además, las quejas se presentaron durante el gobierno de López Obrador, pero no fueron “conducentes”. Traducido al español llano: no pasó nada porque no se quiso que pasara nada.
El argumento no es nuevo. Es el mismo libreto que durante años protegió a funcionarios señalados por irregularidades, abusos o negligencias. No importa la gravedad del señalamiento, importa si el sistema decidió procesarlo. Si no hubo consecuencias, entonces el problema no existe. La ética queda subordinada al expediente.
El segundo caso es aún más incómodo. Pese al rechazo abierto de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, Sheinbaum defendió el nombramiento de Francisco Garduño —extitular del Instituto Nacional de Migración— dentro de la Secretaría de Educación Pública. El mismo funcionario que encabezaba el INM cuando murieron 40 migrantes calcinados en una estación migratoria de Ciudad Juárez. La presidenta argumentó que Garduño no tiene procesos jurídicos abiertos. Punto.
Otra vez, el derecho administrativo por encima de la responsabilidad política. Otra vez, la legalidad mínima usada como coartada moral. Otra vez, el mensaje implícito: mientras no haya sentencia, todo es perdonable; mientras no haya castigo, no hay memoria.
Aquí no se trata de culpabilidades penales —eso le corresponde a los tribunales— sino de algo más elemental: el estándar ético del poder. ¿De verdad este es el nuevo paradigma? ¿El mismo que durante años fue criticado cuando protegía a amigos, leales y piezas útiles del engranaje?
Porque si el criterio para ocupar cargos públicos es no tener un proceso abierto, el listón quedó peligrosamente bajo. Y si la narrativa oficial consiste en minimizar denuncias, desestimar reclamos sociales y blindar perfiles cuestionados con frases hechas, entonces la transformación se parece demasiado a aquello que prometió erradicar.
No, no son iguales… dicen. Pero cuando el poder se usa para justificar, proteger y normalizar, las diferencias se vuelven cosméticas. Y la impunidad —esa sí— sigue siendo estructural.
La historia no juzga intenciones. Juzga decisiones. Y estas, por más que se maquillen con discurso progresista, empiezan a oler demasiado a déjà vu.
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