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En una economía donde el conocimiento define el acceso al empleo, la productividad y la participación social, la alfabetización sigue siendo una condición indispensable para el desarrollo. No saber leer ni escribir continúa siendo una forma silenciosa de exclusión que limita oportunidades económicas, restringe el ejercicio de derechos y profundiza las brechas de desigualdad. En México, enfrentar este rezago ha implicado transformar la alfabetización en un movimiento social, con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) como eje articulador.
El panorama actual dimensiona el desafío. A inicios del 2025, en el país existían 27.4 millones de personas mayores de 15 años en rezago educativo: 4.1 millones no sabían leer ni escribir; 7.5 millones no concluyeron la primaria y 15.8 millones no terminaron la secundaria. A ello se suma que más de 23 millones de personas mayores de 20 años no concluyeron la educación media superior. Estas cifras reflejan desigualdades estructurales asociadas a pobreza, género, pertenencia a pueblos indígenas, residencia rural y trayectorias laborales precarias.
Desde su creación en 1981, el INEA ha sido la institución responsable de atender este rezago. A lo largo de más de cuatro décadas, ha brindado servicios educativos a cerca de 65 millones de personas en alfabetización, primaria y secundaria, consolidándose como un pilar de la política educativa para personas jóvenes y adultas. En la etapa reciente, el Instituto impulsó una Estrategia Nacional orientada a reducir el analfabetismo por debajo del 4%, umbral establecido por la UNESCO, bajo una visión de justicia social y bienestar compartido.
Este enfoque convirtió a la alfabetización en una causa colectiva. El INEA coordinó esfuerzos con los tres órdenes de gobierno, el sector privado, organizaciones sociales y organismos internacionales, mediante alianzas estratégicas que permitieron ampliar la cobertura, fortalecer la atención territorial y responder a contextos diversos. La alfabetización dejó de ser una acción aislada para convertirse en una política pública con corresponsabilidad social.
Los resultados de 2025 confirman el impacto de esta movilización. Ese año, 189 mil 797 personas fueron alfabetizadas; 186 mil 725 concluyeron la primaria y 322 mil 891 finalizaron la secundaria. Gracias a este esfuerzo, el índice nacional de analfabetismo descendió a 3.8%, el nivel más bajo en la historia del país. Cada logro individual se traduce en mayor autonomía, mejores oportunidades laborales y una contribución directa al desarrollo económico y social.
Persisten, sin embargo, retos relevantes. El 60% de la población analfabeta son mujeres; el 28% pertenece a pueblos indígenas y el 19% vive en comunidades rurales. Estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla concentran una parte significativa del rezago. Además, la brecha digital y la transformación del mercado laboral obligan a ampliar la alfabetización hacia habilidades tecnológicas y a fortalecer la continuidad educativa hasta la educación media superior.
En este contexto, la contribución de los distintos sectores es clave. El sector público, con el INEA al frente, debe seguir focalizando esfuerzos en poblaciones prioritarias. El sector privado puede integrar programas educativos en los centros de trabajo, fortaleciendo la productividad y la movilidad laboral. Las organizaciones sociales aportan cercanía comunitaria y acompañamiento, elementos esenciales para sostener los procesos educativos.
El movimiento social por la alfabetización demuestra que invertir en educación básica es invertir en desarrollo. Con el liderazgo del INEA y la corresponsabilidad de todos los sectores, México avanza hacia un modelo más incluyente, competitivo y justo, donde aprender a leer y escribir sigue siendo una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y construir futuro.
