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Durante años, el debate económico en México ha estado dominado por una idea aparentemente incuestionable: el crecimiento económico es la condición necesaria —y casi suficiente— para el bienestar social. Si el PIB crece, se asume, los beneficios eventualmente llegarán a todos. Sin embargo, la experiencia mexicana de las últimas dos décadas obliga a replantear esta premisa con mayor honestidad intelectual.
Entre 2000 y 2018, México creció poco, pero el problema más profundo no fue únicamente la baja tasa de crecimiento, sino la forma en que ese crecimiento se transmitió —o no— al resto de la sociedad. Fue un periodo marcado por salarios reprimidos, empleo precario y una distribución del ingreso crecientemente sesgada hacia el capital. El crecimiento, cuando existía, creó riqueza, pero no creó bienestar.
Esa distinción es fundamental y suele perderse en el debate público.
Dos modelos de crecimiento
La historia reciente de México permite identificar con claridad dos modelos de crecimiento distintos, aunque rara vez se les nombre como tales:
- El primero es el modelo del crecimiento concentrado. En este esquema, el crecimiento económico se apoya en salarios bajos como ventaja competitiva, en una alta apertura comercial y en una política macroeconómica que prioriza la estabilidad nominal —inflación baja, disciplina fiscal que impacta las inversiones en infraestructura pública— incluso a costa del ingreso laboral. Es un modelo que puede atraer inversión, integrarse a cadenas globales y generar utilidades, pero que no garantiza que el ingreso laboral crezca ni que el empleo sea de calidad. La riqueza se crea, pero se concentra.
México operó bajo este modelo durante buena parte del periodo previo a 2018. Los salarios reales estuvieron estancados por décadas; el salario mínimo perdió buena parte de su poder adquisitivo; y el empleo formal creció lentamente, mientras la informalidad funcionaba como válvula de ajuste. El crecimiento, en términos sociales, fue silencioso y poco visible.
- El segundo modelo —todavía incompleto y en construcción— es el del bienestar sin crecimiento elevado, que comienza a observarse a partir de 2018. En este periodo, a pesar de choques severos como la pandemia, México ha registrado aumentos significativos en los salarios reales, una recuperación histórica del salario mínimo y niveles de desempleo sorprendentemente bajos. Todo ello, paradójicamente, sin un crecimiento robusto del PIB. Este fenómeno ha generado desconcierto. Para algunos analistas, es una anomalía peligrosa; para otros, una corrección largamente postergada. En realidad, es ambas cosas.
Crear riqueza no es lo mismo que crear bienestar
Aquí conviene hacer una distinción conceptual clave: el crecimiento económico mide la creación de riqueza, no la creación de bienestar. El PIB registra valor agregado, pero no dice quién lo captura, ni cómo se distribuye, ni si mejora la vida cotidiana de las personas.
Un país puede crecer y, al mismo tiempo, mantener salarios bajos, empleos inseguros y una sensación generalizada de estancamiento. México ya vivió eso. También puede ocurrir —como hoy— que el bienestar mejore por la vía salarial y del empleo, aun cuando el crecimiento sea modesto. Pero esta segunda situación tiene límites claros.
El aumento reciente de salarios y empleo en México ha sido posible, en buena medida, porque partíamos de una distorsión profunda: salarios artificialmente reprimidos durante años, muy por debajo de la productividad en amplios segmentos de la economía. Corregir esa distorsión no destruyó empleo, como se temía; simplemente redistribuyó una parte del ingreso del capital hacia el trabajo.
Pero esta corrección, por sí sola, no puede sostenerse indefinidamente sin crecimiento. El bienestar puede mejorar sin crecimiento por un tiempo; no puede hacerlo para siempre.
El momento del nuevo contrato de crecimiento
México se encuentra hoy en un punto bisagra. Ya no es políticamente ni socialmente viable volver a un modelo de crecimiento basado en salarios bajos. Pero tampoco es económicamente sostenible apostar solo a la redistribución sin construir una nueva base de crecimiento.
De ahí la urgencia de un nuevo contrato de crecimiento.
Este nuevo contrato implica aceptar una premisa sencilla pero poderosa: el crecimiento económico debe ser un medio para crear bienestar, no un fin en sí mismo. No se trata de crecer “primero” y distribuir “después”, ni de distribuir sin crecer, sino de alinear ambos objetivos desde el diseño del modelo productivo.
Un crecimiento con bienestar exige inversión productiva, no meramente financiera; exige una política industrial que fortalezca encadenamientos locales; exige un mercado laboral con capacidad real de negociación; y exige un Estado que coordine, habilite y corrija fallas, sin pretender sustituir al sector productivo.
En otras palabras, el desafío no es volver al pasado ni romantizar el presente, sino construir un modelo donde crear riqueza y crear bienestar dejen de ser objetivos en tensión.
Y, sobre todo, exige salir de la trampa del debate polarizante. México no puede quedarse —otra vez— atrapado entre dos caricaturas: quienes reducen todo a “que crezca el PIB” como si el bienestar se derramara automáticamente, y quienes desestiman la importancia de crecer como si el bienestar pudiera sostenerse solo con redistribución. Esa polarización no es una discusión técnica: es un atajo intelectual que inmoviliza. El nuevo contrato de crecimiento precisamente sirve para romper ese falso dilema, reordenar prioridades y devolverle al debate una brújula común: crecer, sí, pero crecer de manera que el bienestar sea un resultado verificable y no una promesa abstracta.
Ese es el verdadero debate que México necesita hoy. Todo lo demás —la obsesión exclusiva por el PIB o el énfasis legítimo en redistribuir sin una estrategia clara de crecimiento— es una discusión incompleta. No es una o la otra, son ambas.
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