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El gobierno federal expuso un cambio en el modelo de vivienda social y en la relación con desarrolladores privados, al señalar que los programas financiados con recursos de los trabajadores ya no operan bajo una lógica de negocio, sino bajo un esquema orientado al acceso a la vivienda para población de bajos ingresos.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el nuevo enfoque busca corregir el esquema bajo el cual la vivienda social, particularmente la vinculada al Infonavit, benefició durante años a desarrolladores privados a través de créditos otorgados con recursos laborales.
Indicó que, aunque se mantienen acuerdos con desarrolladores inmobiliarios, estos se realizan ahora bajo reglas distintas a las de administraciones anteriores, con precios controlados y con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda para familias que perciben entre uno y dos salarios mínimos.
A pregunta expresa de Revista Fortuna, Sheinbaum explicó que algunos predios propiedad de desarrolladores privados, que no habían sido desarrollados, se incorporaron al programa Vivienda para el Bienestar, siempre bajo condiciones de precio definidas por el gobierno federal. Aclaró que el nuevo esquema no elimina la participación del sector privado ni la posibilidad de obtener utilidades, pero sí limita el enfoque estrictamente comercial en la vivienda social.
La mandataria señaló que el cambio responde a prácticas del pasado, en las que, dijo, la vivienda del Infonavit operaba como un negocio financiero, en el que el crédito de los trabajadores terminaba beneficiando principalmente a las empresas constructoras, además de generar carteras de créditos impagables y casos de corrupción que siguen bajo revisión.
Nuevo esquema con desarrolladores
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que la colaboración con desarrolladores se basa ahora en la compra directa de suelo por parte del instituto, aprovechando las reservas territoriales existentes en el sector privado.
Explicó que el precio de la vivienda se mantiene en un tope nacional de entre 550 mil y 600 mil pesos, dependiendo de si el terreno es aportado por la Federación, los gobiernos estatales o municipales, o vendido por los propios desarrolladores. En este último caso, el Infonavit adquiere el suelo antes de iniciar la construcción, lo que permite asegurar la inversión pública.
Romero Oropeza indicó que el instituto propuso a los desarrolladores incorporar su suelo al programa a un precio de referencia de 50 mil pesos por vivienda, esquema que ha permitido avanzar en la disponibilidad de terrenos y dar certidumbre a los proyectos. Añadió que la compra del suelo se realiza en una sola exhibición, lo que facilita la operación financiera de las empresas.
De acuerdo con el funcionario, el Infonavit ha recibido más de 900 mil propuestas de desarrollos, de las cuales alrededor de 400 mil han sido consideradas viables para iniciar obra en el corto plazo.
Contexto del programa
Como marco general, el gobierno federal informó que la meta del programa Vivienda para el Bienestar es la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio. En 2025 se formalizó la construcción de cerca de 400 mil viviendas, y para 2026 se prevé una cifra similar.
Se destacó también el saneamiento de la cartera hipotecaria del Infonavit. Al 31 de diciembre de 2025, el instituto reestructuró y saneó 4 millones 856 mil 52 créditos impagables, mediante quitas, reducción de saldo, ajustes de tasas y otros beneficios.
Funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y el Fovissste presentaron avances operativos y metas para 2026, que incluyen construcción de vivienda nueva, esquemas de renta para jóvenes, regularización de predios y colocación de nuevos créditos bajo reglas de control de precios.
El gobierno federal sostuvo que la política de vivienda continuará desarrollándose bajo un modelo en el que el Estado retoma un papel rector, con participación del sector privado, pero con reglas orientadas al acceso a la vivienda y no a la rentabilidad financiera.
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