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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció un conjunto de mejores prácticas de transparencia y fiscalización que se aplicarán a partir de 2026, medidas que responden a una de las principales demandas del sector empresarial, encabezado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE): mayor certidumbre jurídica, reglas claras y criterios homogéneos en la aplicación de la ley fiscal.
La autoridad tributaria señaló que estas acciones buscan generar un entorno más predecible para la actividad económica, reducir la discrecionalidad en los procesos de fiscalización y garantizar un piso parejo para las empresas, elementos clave que el CCE ha planteado como indispensables para fortalecer la inversión y el crecimiento económico.
Como parte de este nuevo enfoque, el SAT publicará el Plan Maestro 2026 “Atención al contribuyente y fiscalización”, documento que permitirá a las empresas conocer con anticipación los criterios, prioridades y alcances de las auditorías, así como los lineamientos bajo los cuales se ejercerán las facultades de comprobación. Esta medida apunta a dar mayor claridad y previsibilidad a los contribuyentes, particularmente a los grandes y medianos inversionistas.
En materia de auditorías, el SAT informó que, en caso de incumplimiento, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente, lo que reduce la incertidumbre y evita revisiones múltiples o simultáneas, una de las preocupaciones recurrentes del sector empresarial.
Además, durante los procesos de fiscalización, la autoridad solicitará solo una muestra representativa de las partidas sujetas a revisión, y no el total de la información contable, lo que acota el alcance de las auditorías y disminuye cargas administrativas.
Otro punto central para el CCE es la aplicación uniforme de la ley. En este sentido, el SAT garantizó que los mismos criterios y procedimientos de fiscalización se aplicarán en todas las oficinas del país, particularmente en temas sensibles para las empresas como descuentos, depósitos no identificados, análisis de materialidad, gastos de mercadotecnia, importaciones, regulaciones no arancelarias, así como permisos, certificaciones y autorizaciones en materia de comercio exterior.
La autoridad fiscal precisó que la fiscalización se concentrará en contribuyentes que incurran en conductas de alto riesgo, como operaciones con factureras o nomineras, pérdidas fiscales recurrentes, simulación o abuso de deducciones, ingresos no declarados, uso indebido de estímulos fiscales, inconsistencias entre importaciones y ventas, operaciones con paraísos fiscales o tasas efectivas de impuestos por debajo del promedio de su sector.
Con ello, se busca evitar auditorías generalizadas y focalizar los esfuerzos en prácticas que afectan la equidad tributaria.
En cuanto a devoluciones, el SAT anunció plazos más cortos que los establecidos en la ley, lo que también abona a la certidumbre jurídica para las empresas. Las devoluciones a personas físicas se realizarán en promedio en cinco días, mientras que para las empresas el plazo será de 30 días, frente al máximo legal de 40 días hábiles.
Para el sector empresarial, estas medidas representan un paso hacia un esquema fiscal más transparente y predecible, alineado con los planteamientos del CCE sobre la necesidad de fortalecer la confianza entre autoridad y contribuyentes. De acuerdo con el SAT, la estrategia permitirá menos auditorías, mayor eficiencia recaudatoria y un entorno más estable para la inversión de cara a 2026.
