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El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una sesión de emergencia en su sede de Nueva York para debatir la acción militar llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela, una operación que Washington defendió como un arresto selectivo por delitos de narcotráfico, pero que fue denunciada por múltiples países como una violación de la Carta de la ONU y una amenaza a la paz internacional.
Durante la reunión, solicitada por Colombia con el respaldo de China y la Federación de Rusia, varios Estados expresaron posiciones profundamente divididas. La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, advirtió que el uso de la fuerza podría sentar un “precedente peligroso” y agravar la inestabilidad regional, aunque subrayó que aún es posible evitar una escalada mayor mediante el diálogo.
Secretario General: “El poder de la ley debe prevalecer”
En un mensaje transmitido al Consejo por la subsecretaria general para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, el Secretario General António Guterres calificó el momento como “grave” tras la acción militar estadounidense del 3 de enero.
Según informó, fuerzas de Estados Unidos operaron ese día en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, sin que hasta ahora esté determinado el número de víctimas. Guterres recordó que el presidente Donald Trump anunció en redes sociales una “operación a gran escala contra Venezuela y su líder”, y declaró posteriormente que Estados Unidos “administraría el país” hasta lograr “una transición segura, adecuada y juiciosa”.
Violación flagrante de la Carta de la ONU
El Secretario General indicó que el Gobierno venezolano caracterizó estos hechos como una agresión militar en zonas civiles y militares. Además de ser una violación flagrante de la Carta de la ONU. Confirmó además que el presidente Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York, acusado por autoridades estadounidenses junto a su esposa Cilia Flores de delitos graves.
Guterres expresó “profunda preocupación” por la posible intensificación de la inestabilidad interna, su impacto regional y el precedente que podría sentar en las relaciones entre Estados. Afirmó que le preocupa que las normas del derecho internacional no hayan sido respetadas en la acción del 3 de enero y recordó que la Carta de la ONU prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de los Estados.
Es posible evitar una conflagración mayor
El Secretario General sostuvo que, pese a la gravedad de la situación, aún es posible evitar una conflagración mayor. Llamó a un diálogo inclusivo y democrático en Venezuela, con pleno respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y la voluntad soberana de su pueblo. También instó a la comunidad internacional a actuar con solidaridad y apego a los principios del derecho internacional. “El poder de la ley debe prevalecer”, concluyó.
Estados Unidos defiende la operación
El representante estadounidense, Michael G. Waltz, aseguró que “no hay guerra contra Venezuela ni su pueblo” y describió la operación como una acción policial quirúrgica para detener a “dos fugitivos procesados”, señalando directamente a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Comparó la acción con el arresto del exlíder panameño Manuel Noriega en 1989 y citó denuncias de violaciones de derechos humanos y narcotráfico.
Condenas y denuncias de violación del derecho internacional
Venezuela calificó los hechos como un “ataque armado ilegítimo” y un “secuestro de un jefe de Estado”. China, Rusia, Cuba, México, Brasil y Chile coincidieron en que la acción viola la soberanía venezolana y el artículo 2(4) de la Carta de la ONU. Jeffrey Sachs, como experto invitado, enfatizó que el debate central es si algún Estado puede imponer por la fuerza el futuro político de otro.
Apoyos a la presión internacional contra Maduro
Por otro lado, países como Argentina, Reino Unido, Letonia y Panamá destacaron la crisis humanitaria, la migración forzada y el deterioro democrático en Venezuela. Argentina calificó la acción de Estados Unidos como “decisiva”. Mientras que el Reino Unido sostuvo que “la pretensión de Maduro al poder fue fraudulenta”, aunque reafirmó la importancia del derecho internacional.
Postura de México
México sostuvo que la acción de Estados Unidos contra Venezuela constituye una violación directa de la Carta de las Naciones Unidas y un riesgo para el multilateralismo. Su representante afirmó que este tipo de medidas “no deben permitirse” y recordó que el Consejo de Seguridad tiene la obligación de actuar “decisivamente y sin dobles estándares”. Subrayó que corresponde a los “pueblos soberanos decidir su destino”, con pleno respeto a los derechos humanos, y advirtió que las medidas extraterritoriales y los intentos de cambio de régimen por actores externos “históricamente solo han exacerbado los conflictos y debilitado a las sociedades”.
Países de América Latina
Brasil coincidió en rechazar cualquier intervención armada y afirmó que “Sudamérica es una zona de paz”. Su delegado calificó los bombardeos en territorio venezolano y la captura del presidente como una línea “inaceptable”, advirtiendo que el debilitamiento de las normas internacionales contribuye al aumento de conflictos, crisis humanitarias y gasto militar global.
Chile, aunque reiteró que no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro, condenó la acción militar unilateral de Estados Unidos y afirmó que la crisis de derechos humanos en Venezuela “no tiene solución militar”. Llamó a una salida basada en elecciones libres, participación ciudadana y la desescalada del conflicto mediante el acompañamiento del Secretario General y del Consejo de Seguridad.
Colombia expresó una fuerte condena a los hechos del 3 de enero y alertó sobre su posible impacto migratorio, señalando que la incertidumbre podría generar nuevos flujos de personas hacia países vecinos. Reiteró que el uso de la fuerza solo está permitido en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa, y no para tomar control político de otro Estado.
Argentina, en contraste, respaldó la presión ejercida por Estados Unidos y destacó que la situación en Venezuela ha provocado pobreza masiva y el desplazamiento de millones de personas. Su representante sostuvo que es necesario un “compromiso firme” con la restauración democrática y pidió la liberación de un ciudadano argentino detenido desde 2024.
Impacto regional y próximos pasos
Colombia alertó sobre la posibilidad de un nuevo flujo migratorio, mientras que varios países llamaron a una salida democrática y pacífica basada en la voluntad popular. No se anunciaron medidas inmediatas del Consejo, pero el debate dejó en evidencia un fuerte quiebre en el multilateralismo y abrió interrogantes sobre la respuesta en el futuro de la ONU.
Referencias
- Naciones Unidas. (2026, Enero 5). Power of Law’ Must Prevail in Venezuela, Secretary-General Tells Security Council, Citing Heightened Risk of Regional Instability (SG/SM/22974). https://press.un.org/en/2026/sgsm22974.doc.htm
- Naciones Unidas. (2026, Enero 5). Security Council meets on threats to international peace and security following United States action in Venezuela. UN Web TV.
