Operativo en Venezuela se realizó sin aviso previo al Congreso de Estados Unidos, admite Rubio

El senador Marco Rubio confirmó que el Congreso de Estados Unidos no fue notificado antes de la incursión militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, sino hasta después de que el operativo concluyó, una decisión que ha generado cuestionamientos legales y políticos sobre el uso del poder militar por parte del Ejecutivo. Durante una conferencia encabezada por el presidente Donald Trump, Rubio explicó que la notificación posterior respondió a la necesidad de mantener el operativo bajo estricta confidencialidad para evitar filtraciones. Señaló que se trató de una acción de “captura y extracción de criminales” en apoyo al Departamento de Justicia, y que informar previamente al Congreso habría puesto en riesgo su ejecución. “Es un operativo que no puedes estar comentando mientras se lleva a cabo, porque pones en peligro a nuestras fuerzas y el resultado mismo de la misión”, afirmó Rubio, quien sostuvo que existía preocupación por posibles filtraciones desde el Legislativo. Desde el punto de vista legal, la falta de notificación previa coloca la operación en tensión con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente a consultar al Congreso antes de introducir fuerzas armadas en hostilidades, o bien a notificarlo dentro de un plazo máximo de 48 horas cuando la acción se realiza sin autorización previa. La ley también establece que, sin aval legislativo, las fuerzas estadounidenses solo pueden permanecer hasta 60 días en operaciones militares, con un periodo adicional de 30 días para su retirada. Aunque la Casa Blanca ha sostenido que se trató de un operativo puntual y no de una guerra formal, especialistas en derecho constitucional señalan que una incursión armada en territorio extranjero puede quedar sujeta a dicho marco legal, independientemente de su duración. En la conferencia, Trump reconoció que sí hubo presencia de tropas estadounidenses en suelo venezolano durante la operación, aunque aseguró que no busca una ocupación permanente. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos “volvería a incursionar” en territorio venezolano si lo considera necesario. El mandatario también afirmó que Marco Rubio forma parte del equipo que encabeza el proceso de gestión política posterior a la intervención y que mantiene comunicación con actores políticos venezolanos. Señaló que el objetivo, dijo, es reorganizar el gobierno y garantizar estabilidad, seguridad y control sobre la infraestructura estratégica, en particular la petrolera. Trump calificó el operativo como “peligroso” y reconoció que Nicolás Maduro pudo haber muerto durante la incursión, aunque finalmente fue capturado y será trasladado a Nueva York para quedar a disposición de las autoridades estadounidenses. La confirmación de que el Congreso fue informado solo después del operativo ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de la fuerza militar, el equilibrio entre los poderes del Estado y el alcance real de la Resolución de Poderes de Guerra, en un contexto de creciente tensión regional tras la intervención estadounidense en Venezuela.

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El senador Marco Rubio confirmó que el Congreso de Estados Unidos no fue notificado antes de la incursión militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, sino hasta después de que el operativo concluyó, una decisión que ha generado cuestionamientos legales y políticos sobre el uso del poder militar por parte del Ejecutivo.

Durante una conferencia encabezada por el presidente Donald Trump, Rubio explicó que la notificación posterior respondió a la necesidad de mantener el operativo bajo estricta confidencialidad para evitar filtraciones. Señaló que se trató de una acción de “captura y extracción de criminales” en apoyo al Departamento de Justicia, y que informar previamente al Congreso habría puesto en riesgo su ejecución.

“Es un operativo que no puedes estar comentando mientras se lleva a cabo, porque pones en peligro a nuestras fuerzas y el resultado mismo de la misión”, afirmó Rubio, quien sostuvo que existía preocupación por posibles filtraciones desde el Legislativo.

Desde el punto de vista legal, la falta de notificación previa coloca la operación en tensión con la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que obliga al presidente a consultar al Congreso antes de introducir fuerzas armadas en hostilidades, o bien a notificarlo dentro de un plazo máximo de 48 horas cuando la acción se realiza sin autorización previa. La ley también establece que, sin aval legislativo, las fuerzas estadounidenses solo pueden permanecer hasta 60 días en operaciones militares, con un periodo adicional de 30 días para su retirada.

Aunque la Casa Blanca ha sostenido que se trató de un operativo puntual y no de una guerra formal, especialistas en derecho constitucional señalan que una incursión armada en territorio extranjero puede quedar sujeta a dicho marco legal, independientemente de su duración.

En la conferencia, Trump reconoció que sí hubo presencia de tropas estadounidenses en suelo venezolano durante la operación, aunque aseguró que no busca una ocupación permanente. Sin embargo, advirtió que Estados Unidos “volvería a incursionar” en territorio venezolano si lo considera necesario.

El mandatario también afirmó que Marco Rubio forma parte del equipo que encabeza el proceso de gestión política posterior a la intervención y que mantiene comunicación con actores políticos venezolanos. Señaló que el objetivo, dijo, es reorganizar el gobierno y garantizar estabilidad, seguridad y control sobre la infraestructura estratégica, en particular la petrolera.

Trump calificó el operativo como “peligroso” y reconoció que Nicolás Maduro pudo haber muerto durante la incursión, aunque finalmente fue capturado y será trasladado a Nueva York para quedar a disposición de las autoridades estadounidenses.

La confirmación de que el Congreso fue informado solo después del operativo ha reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial en el uso de la fuerza militar, el equilibrio entre los poderes del Estado y el alcance real de la Resolución de Poderes de Guerra, en un contexto de creciente tensión regional tras la intervención estadounidense en Venezuela.

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