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El gobierno de Donald Trump publicó una orden ejecutiva para asegurar la superioridad espacial de Estados Unidos, para lo cual instruyó a diferentes agencias de su administración para que, bajo la rectoría del Departamento de Comercio, reafirmen el liderazgo en materia de espectro radioeléctrico, lo que incluirá redistribuir y compartir este recurso.
“En un plazo de 120 días, el secretario de Comercio coordinará con el APST, el Asistente del presidente para Política Económica, el APDP y los jefes de los organismos pertinentes para afirmar el liderazgo en materia de espectro, lo que incluirá considerar las oportunidades de redistribuir y compartir el espectro, según proceda”, dijo Trump en su orden ejecutivo.
Así, el gobierno de Donald Trump dio a conocer la orden mediante la cual busca garantizar la superioridad en el espacio y en el sector satelital, aplicando una política espacial que amplíe el alcance de los descubrimientos humanos, garantice los intereses económicos y otorgue seguridad vital a la nación.
Con un nuevo impulso al desarrollo comercial, el gobierno de Estados Unidos sentará las bases para una nueva era espacial, asegura el documento.
El plan central de Trump es liderar el mundo en la exploración espacial y ampliar el alcance humano y la presencia estadounidense en el espacio mediante el regreso de los estadounidenses a la Luna en 2028 a través del Programa Artemis, para afirmar el liderazgo estadounidense en el espacio, sentar las bases para el desarrollo económico lunar, preparar el viaje a Marte e inspirar a la próxima generación de exploradores estadounidenses.
Para ello, Trump quiere establecer los elementos iniciales de un puesto avanzado lunar permanente para 2030, con el fin de garantizar una presencia estadounidense sostenida en el espacio y permitir los siguientes pasos en la exploración de Marte.
Estados Unidos se plantea, además, mejorar la sostenibilidad y la rentabilidad de las arquitecturas de lanzamiento y exploración, incluyendo la habilitación de servicios de lanzamiento comerciales y la priorización de la exploración lunar.
Para la NASA, armonizar los procesos de adquisición y contratación relacionados con el espacio en todos los centros y actividades de la NASA con el fin de mejorar la eficiencia, se clave para este propósito.
Por ello, en un plazo de 180 días a partir de la fecha de la presente orden (18 de diciembre), el titular de la Agencia de Seguridad Nacional, en coordinación con el Secretario de la Defensa, el titular de la Dirección de Inteligencia Nacional y el Asistente del Presidente Trump para Ciencia y Tecnología, junto con los jefes de otros organismos pertinentes, deberán aplicar una estrategia de seguridad espacial que tenga en cuenta los intereses de los Estados Unidos en el espacio, desde el espacio y hacia el espacio; que aborde las amenazas actuales y previstas para los intereses espaciales de los Estados Unidos desde la órbita terrestre muy baja hasta el espacio cis-lunar; e incorpore un plan tecnológico para detectar, caracterizar y contrarrestar la posible colocación de armas nucleares en el espacio por parte de adversarios potenciales.
El gobierno de Estados Unidos también desarrollará un plan para una arquitectura espacial de seguridad nacional receptiva y adaptable que respalde la estrategia de seguridad espacial y otras prioridades pertinentes establecidas en la presente orden.
Además, en un plazo de 180 días a partir de la fecha del 18 de diciembre, el secretario de Estado, en coordinación con el secretario de Defensa y el DNI, aplicará un plan para reforzar las contribuciones de los aliados y socios a la seguridad espacial colectiva y de los Estados Unidos.
Entre otras de las medidas se destaca que, en un plazo de 120 días a partir de la fecha de la presente orden, el Administrador de la NASA, en coordinación con el Secretario de Estado y la APST, velará por que los acuerdos internacionales de cooperación espacial civil en los que participe la NASA respalden las prioridades políticas de la presente orden, entre otras cosas, iniciando nuevos acuerdos y modificando o rescindiendo los acuerdos existentes cuando sea apropiado y coherente con las autoridades y obligaciones legales existentes.
