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El robo al transporte de carga en México atraviesa una reconfiguración profunda. Las organizaciones criminales que durante años operaron principalmente en carreteras federales han comenzado a trasladar sus actividades hacia parques industriales, polígonos urbanos y vías estatales, como respuesta directa al reforzamiento de la vigilancia en los principales corredores logísticos del país.
Así lo informaron autoridades federales durante una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la que se detallaron los resultados de distintas operaciones realizadas en las últimas semanas y que evidencian un cambio en el patrón delictivo que afecta directamente a empresas, operadores de transporte y cadenas de suministro.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que este desplazamiento fue identificado a partir de trabajos de inteligencia desarrollados durante varios meses, en coordinación con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, particularmente en el Estado de México, Hidalgo, Puebla y San Luis Potosí, entidades con alta incidencia en el robo de mercancía.
De acuerdo con las investigaciones, los grupos criminales dejaron de concentrar sus ataques exclusivamente en carreteras federales y comenzaron a vigilar unidades de carga desde centros logísticos, parques industriales y zonas de resguardo, donde identifican horarios de operación, rutas de salida y tipo de mercancía. En muchos casos, los delincuentes utilizan engaños para detener a los operadores, quienes posteriormente son víctimas de violencia y privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés, mientras las unidades son trasladadas a bodegas clandestinas.
Las autoridades advirtieron que este esquema ha generado afectaciones directas a empresas nacionales y operadores logísticos, además de elevar el riesgo en zonas industriales y urbanas que anteriormente no figuraban como puntos críticos delictivos.
Este nuevo patrón motivó la implementación de la Operación Senda, desplegada del 9 al 12 de diciembre en 46 municipios del Estado de México, con la participación de más de 2 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército, Marina, Secretaría de Seguridad estatal y personal ministerial. El operativo se enfocó en intervenir predios, talleres, depósitos y bodegas utilizadas para el resguardo de vehículos robados, autopartes, combustible ilícito y mercancía sustraída del transporte de carga.
Como resultado, fueron detenidas 68 personas, de las cuales 24 contaban con órdenes de aprehensión y 44 fueron detenidas en flagrancia. Además, se aseguraron 137 inmuebles, 178 vehículos de transporte de carga, 49 armas de fuego, cartuchos, cargadores, inhibidores de señal, 29 motores, diversas autopartes y 61 mil 294 cajas de mercancía, así como 535 mil pesos en efectivo.
La fiscal central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Sandra Karen Orihuela, detalló que las detenciones impactaron directamente la estructura criminal de al menos ocho organizaciones delictivas identificadas en la entidad, entre ellas Los Tilicos, Los Pantera, Los Marmolejo, La Empresa, así como grupos encabezados por distintos líderes conocidos como Toño Tenis, Ángel Axel, Los Bambam y El Kevin.
Los delitos por los que los detenidos fueron judicializados incluyen secuestro exprés, robo de mercancía con violencia, robo de vehículo con violencia, homicidio, extorsión, ataques a las vías de comunicación, encubrimiento por receptación y portación ilegal de armas de fuego. Las autoridades informaron que los inmuebles y vehículos asegurados serán sujetos a procedimientos de extinción de dominio.
Un elemento clave identificado durante las investigaciones es el uso de sindicatos y pseudo sindicatos para simular operaciones lícitas de transporte. De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, estas organizaciones criminales alteraban vehículos robados, modificaban medios de identificación y traspaleaban la mercancía en bodegas clandestinas para posteriormente redistribuirla en unidades aparentemente legales, lo que complicaba su detección en operativos convencionales.
En paralelo al combate operativo, el gabinete de seguridad reconoció que una parte relevante de la coordinación delictiva y de los delitos asociados al robo de transporte de carga se dirige desde el interior de los centros penitenciarios, particularmente a través de llamadas telefónicas y dispositivos de comunicación ilegales.
En este contexto, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante el presente año, se han realizado 1,571 revisiones en 275 centros penitenciarios del país, lo que derivó en el aseguramiento de 195 armas de fuego, 1,685 cartuchos, 276 cargadores, 5,675 armas punzocortantes, así como 2,710 teléfonos celulares, 913 chips y 134 módems, artículos directamente vinculados con la comisión de delitos como extorsión, secuestro y robo de mercancía.
García Harfuch subrayó que estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es no solo contener la violencia en carreteras, sino cerrar los espacios logísticos, financieros y operativos que permiten la expansión del robo de transporte de carga.
Las autoridades destacaron que el reforzamiento de la vigilancia en carreteras federales ya muestra resultados. De acuerdo con cifras oficiales, en noviembre se registró una reducción del 13% en el robo al transporte de carga respecto a octubre, tendencia que buscan consolidar con operativos focalizados en parques industriales, zonas urbanas y nodos logísticos identificados como prioritarios.
Finalmente, la SSPC afirmó que el desplazamiento del robo de carga hacia parques industriales obliga a redefinir los esquemas de prevención y seguridad, con énfasis en la protección de centros logísticos, instalaciones industriales y operadores, al tiempo que se fortalece el control penitenciario para impedir que las redes criminales sigan operando desde el interior de las cárceles.
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