Entre apoyos y fuertes críticas en el Senado se aprueba en lo general nueva Ley General de Aguas 

nueva Ley General de Aguas 
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El Senado de la República aprobó este 4 de diciembre de 2025, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto enviado por la Cámara de Diputados que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, derivado de una iniciativa de la titular del Ejecutivo Federal que busca regular el derecho humano al agua y priorizar su consumo humano y doméstico frente a otras concesiones.

De acuerdo con el texto, la nueva legislación propone regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como poner en primer lugar su consumo humano y doméstico respecto de “autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones” del recurso. Con esta votación, el Senado da un paso en la redefinición del marco jurídico del agua en México. Aunque la discusión en lo particular y la implementación posterior aún plantean retos y controversias.

Objetivos de la reforma: del derecho humano al agua a la prioridad del consumo doméstico

El proyecto se presenta como una herramienta para garantizar el derecho humano al agua, con énfasis en el acceso, la disposición y el saneamiento del recurso. Uno de los ejes centrales es la prioridad del consumo humano y doméstico por encima de otros usos que dependen de autorizaciones, permisos o concesiones.

Senadores afines a la iniciativa subrayan un cambio de enfoque. El legislador Óscar Cantón Zetina, de Morena, afirmó que “el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua”, y definió la propuesta como un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”. Según su postura, “elimina la visión mercantilista del agua y la regresamos a su dueño legítimo, que es el pueblo de México”.

Desde el Partido Verde Ecologista de México, la senadora Juanita Guerra Mena sostuvo que la reforma “consolida una visión de Estado donde el agua deja de ser mercancía para asumirse como un bien social” y consideró que “hace que México avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.

Críticas por posible uso político del agua y concentración de poder

Los grupos opositores plantearon preocupaciones sobre el diseño de la reforma y su potencial uso político. La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, advirtió que la reforma “convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral”, al dar al Gobierno Federal la posibilidad de decidir “de manera discrecional, quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar”.

A su juicio, esto demuestra que la reforma “es peligrosa para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias”. La crítica se centra en el poder que adquiriría la autoridad federal para modular la asignación de agua, lo que, según esta visión, podría traducirse en presiones políticas, afectaciones económicas y vulnerabilidad para comunidades y sectores productivos.

En la misma línea, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, afirmó que los cambios “abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano”. Además, señaló que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, lo que, en su opinión, “crece el riesgo de arbitrariedad, de corrupción, favoritismos y de castigo político” y “crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes por lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos”.

Señalamientos sobre vacíos económicos, presupuestales y de consulta

Otra línea crítica se enfocó en la solidez técnica y financiera del proyecto. La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, planteó que el proyecto “no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua”.

La legisladora también resaltó la ausencia de consulta a pueblos originarios y concluyó que, en estas condiciones, “el derecho al agua queda en el discurso, no en la realidad”. Estas objeciones apuntan a la brecha entre los objetivos declarados de garantizar el derecho humano al agua y la capacidad efectiva del Estado para financiar y ejecutar las acciones necesarias en territorio.

Impacto en comités de agua y pequeños productores, según defensores

Desde la bancada del Partido del Trabajo, la senadora Lizeth Sánchez García subrayó los beneficios para estructuras comunitarias y pequeños productores. Señaló que la legislación “reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al otorgarles derechos y obligaciones claras”.

De acuerdo con su intervención, la reforma “asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones lo que protege el patrimonio de familias campesinas”, además de definir “el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia” y dejar clara la diferencia “entre los pequeños productores y los grandes agroindustriales”.

En conclusión

La discusión destaca un conflicto entre la urgente necesidad de redefinir la gestión del agua y la exigencia de que las normas se basen en diagnósticos financieros, mecanismos efectivos y la participación de las comunidades afectadas. Se busca abordar las preocupaciones históricas de las comunidades rurales y campesinas sobre la seguridad jurídica de sus sistemas de agua y la herencia de derechos sin trámites excesivos. Además, se propone una regulación diferenciada entre pequeños productores y grandes agroindustrias. Según sus defensores, beneficiaría a la economía de subsistencia frente a proyectos a gran escala.

Referencias