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por Enrique Hernández Alcázar
La casa de apuestas se convirtió en sala de lavado y la apuesta ya no es al azar: es a la impunidad. Hoy, tras las revelaciones del gobierno sobre una red de 13 casinos —físicos y virtuales— suspendidos, hemos sido testigos de un nuevo capítulo de la rendija institucional por donde se filtran las sombras del dinero sucio.
En México, donde la bolita siempre fue parte del folclor del engaño, lo que ocurre con estos casinos no es un simple juego: es el guion de un crimen financiero a gran escala. Los salones operaban en Jalisco, Nuevo?León, Sinaloa, Sonora, Baja?California, Estado de México y la Ciudad de México; desde ahí los flujos migraban hacia paraísos como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos. La técnica es tan burda como eficaz: declarar ceros, meter efectivo como si fuese gratificación, usar cuentas de estudiantes, amas de casa, jubilados para apostar dinero que proviene de actividades ilícitas, luego enviar “ganancias” al extranjero, traerlas como ingresos legítimos, repetir el ciclo.
Y mientras tanto, la norma languidece: esos casinos virtuales que hoy operan en redes, plataformas, bajo identidades robadas, aguardaban una ley que los pusiera en jaque. La presidenta Claudia Sheinbaum lo admitió: la regulación “no estaba diseñada para lo que existe hoy”.
Entonces, ¿qué nos queda? Primero: una admisión de vulnerabilidad institucional. Que la red de inteligencia financiera, seguridad pública y hacienda haya detectado el entramado es buena noticia; que haya permitido que se instalara en el país sin control, es la mala. Segundo: que el símbolo de la impunidad se haya vestido de gala con naipes, ruletas y “ganancias” declaradas de cero. El dinero del crimen se disfraza de jackpots y de bonanzas ficticias. Tercero: que la transparencia esté ausente. No se revelan los nombres de los implicados por “razones legales”. ¿Y el derecho público de saber? Un mínimo que este país debe exigir.
¿Y la propuesta? Que esta acción no quede en el acto pronosticado de una conferencia matutina. Que la suspensión y bloqueos bancarios sean solo el arranque. Que la reforma para casinos virtuales esté viva y no sea mera cáscara. Que la cooperación internacional que ayudó —como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos— se traduzca en protocolos permanentes, no en flashes mediáticos.
Porque si algo ha demostrado esta red es que el blanqueo de capitales se recicla en plataformas tecnológicas, en identidades robadas, en apuestas online que nadie supervisa. Y mientras los grandes lavadores celebran con fichas, la sociedad paga la apuesta: menos recursos públicos, más poder para el crimen organizado, y una confianza institucional que se va al traste.
La cuestión es clara: cuando un casino juega en la mesa del Estado y convierte sus operaciones en mecanismo de evasión y tráfico de recursos, no estamos ante azar: estamos ante complicidad consentida o negligente. Y reclamar que se retiren las fichas no basta: es momento de cerrar la sala de juego.
Así que la pregunta final es contundente: ¿quién apostó primero por impunidad y quién va a pagar la mano ganadora?
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