Diputados aprueban, con cambios, la Ley General contra la Extorsión; dictamen va al Senado

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octubre 28, 2025

Votación Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión — La Cámara de Diputados aprobó, en lo particular y con cambios, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La votación fue de 339 a favor, 100 en contra y 4 abstenciones; el documento se remitió al Senado. La norma establece un tipo penal básico de extorsión con penas de seis a quince años y multa de 100 a 500 veces la UMA, prevé tres niveles de agravantes y sanciona a quienes faciliten o cooperen dolosamente en el delito. Además crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión y permite a las víctimas presentar denuncias sin revelar su identidad. Crédito de la imagen: Cámara de Diputados.

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Este 28 de octubre de 2025, la Cámara de Diputados aprobó de manera particular la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con un contundente respaldo de 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones. Esta legislación incluye reformas a los códigos penales y procesales. El proyecto fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales y contempla, entre otras medidas, penas de cinco a doce años para servidores públicos que omitan denunciar, penas de seis a quince años para el delito de extorsión y la creación de un Centro de Atención a Denuncias adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Antecedentes

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y de once propuestas de diversos grupos parlamentarios. Da cumplimiento al decreto que reformó el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73, que facultó al Congreso para expedir una ley general sobre extorsión.

Cambios aprobados y sanciones

Se aceptaron modificaciones puntuales a los artículos 2, 3, 8, 16, 18, 21, 26 y 43. Destacan:

Artículo 3: incorporación de las perspectivas de interculturalidad e interseccionalidad.
Artículo 16 fracción V: se obliga “por cualquier medio a la víctima a celebrar un acto jurídico”.
Artículo 18 fracción XI: se especifica “se afecte de manera directa la economía en alguna entidad federativa”.
Artículo 21 (servidores públicos omisos): pena de cinco a doce años de prisión y multa de 600 a 3,000 UMA a la persona servidora pública que, teniendo atribuciones, se abstenga de denunciar la comisión de los delitos previstos en la ley.
Artículo 26: acción de extinción de dominio no procederá respecto de bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del gobierno o decomisados en sentencia ejecutoriada.
Artículo 43: obliga campañas permanentes de información y prevención, genera información sobre patrones de operación e incorpora metas, líneas de acción y plazos cuantificables para evaluar la estrategia.

Alcance jurídico y coordinación

La ley reglamenta la fracción XXI del artículo 73 constitucional y armoniza disposiciones del Código Penal Federal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 2 fue modificado para precisar la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno en prevención, investigación, persecución y sanción del delito. El artículo 8 clarifica competencia federal y facultad de atracción.

Mecanismos de denuncia y atención a víctimas

La norma prevé que cualquier persona que sufra extorsión podrá presentar denuncia sin necesidad de revelar su identidad, utilizando mecanismos como el número 089. Se crea el Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esto con la finalidad de fortalecer el vínculo con la ciudadanía y facilitar la recepción y canalización de quejas.

Debate

Durante la discusión hubo posturas encontradas:

Ricardo Monreal (Morena) defendió las adecuaciones y precisiones técnicas y señaló la incorporación de interculturalidad e interseccionalidad.
Ricardo Mejía (PT) dijo estar a favor de la propuesta del coordinador Monreal, particularmente en el artículo 21. Esto porque es del delito de omisión o de hacerse de la vista gorda o no tener el valor, por amenazas o comodidad de denunciar. Pero “no significa que ese servidor público sea el sujeto activo del delito de extorsión”.
David Azuara (PAN) criticó la reducción de sanciones y la calificó como “ofensa a las víctimas y a la justicia”. Es absurdo pasar de castigar a quien usa el miedo, la violencia y la amenaza para lucrar con el dolor de otros, y premiarlos con una rebaja a la mitad su condena. No es una reforma técnica sino política y de impunidad partidista. La extorsión se combate con leyes firmes, castigos ejemplares y valor político.
César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) señaló que estas reservas no solucionan el problema del dictamen; al contrario, generan más desorden.
Diputados (PRI, Morena, PT, MC, PVEM) ofrecieron comentarios sobre técnica jurídica, necesidad de sanciones más altas o la elevación a ley de campañas y estrategias de seguridad.

Siguiente paso

Con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, fue avalado en lo particular el documento y se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.