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Grupo Salinas anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos, luego de los señalamientos realizados por el gobierno federal sobre sus adeudos fiscales. La empresa calificó la situación como una “persecución sistemática” y defendió el supuesto historial de diálogo con la administración anterior.
En un comunicado, el conglomerado reiteró su voluntad de pago conforme a las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de los tribunales, rechazando el doble cobro de créditos fiscales. Señaló que sus compañías enviaron oficios al SAT solicitando ajustes y la construcción de un espacio de diálogo para implementar dichas resoluciones.
“El acuerdo alcanzado con la administración anterior fue resultado de decenas de conversaciones bajo los principios de buena voluntad e implicó una solución conforme a derecho. En Grupo Salinas valoramos y respetamos la palabra; el habernos dado la mano tiene más validez que un papel firmado”, subrayó la empresa.
Grupo Salinas criticó además lo que consideró descalificación de su derecho al acceso a la justicia y reafirmó que seguirá ejerciendo su derecho a defensa, incluso en instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La compañía enfatizó que busca “darle vuelta a la página” y continuar construyendo “valor y prosperidad incluyente” para México, sus más de 180 mil colaboradores y 35 millones de clientes.
Sin embargo, durante conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión de Grupo Salinas sobre un supuesto acuerdo con la administración pasada. Señaló que el adeudo fiscal del grupo sigue vigente y sin negociación, e instó a la empresa a “pedir la línea de captura y pagar”, dejando claro que no se requiere ninguna mesa técnica adicional para resolver la situación.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, precisó que no existió ningún acuerdo con la administración anterior y calificó como “falsa” la información difundida por el conglomerado.
Aclaró que los pagos que Grupo Salinas menciona corresponden a un juicio distinto, sin relación con los adeudos actualmente en discusión, y desmintió que un ministro de la Suprema Corte haya retenido un expediente como parte de un arreglo con la empresa o el gobierno federal.
La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, agregó que mientras el proceso legal siga en curso no habrá pronunciamiento institucional sobre las declaraciones de la empresa, y reiteró que la vía legal y el pago voluntario son las únicas formas de resolver los adeudos fiscales.
Así, la disputa entre Grupo Salinas y el gobierno federal se mantiene abierta, con la empresa defendiendo su historial de acuerdos y buena fe, y el gobierno enfatizando que el cumplimiento de las obligaciones fiscales es obligatorio para todos y que no existe arreglo previo que condone los adeudos.
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