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Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y asesor fiscal mexicano acusado de encabezar una red de desvío y lavado de recursos públicos por más de 3,000 millones de pesos, fue detenido en Estados Unidos y permanece bajo custodia en un centro migratorio de Miami, de acuerdo con documentos judiciales federales y fuentes legales consultadas en el sur de Florida.
Registros de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida confirman que Álvarez Puga presentó una solicitud de habeas corpus contra el “Assistant Field Office Director” del Krome North Service Processing Center, un centro de detención administrado por el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
La petición fue registrada en octubre de 2025 y es evidencia formal de que el empresario se encuentra en custodia migratoria en Estados Unidos.
Aunque el gobierno estadounidense no ha emitido un comunicado público sobre el caso, la existencia del expediente judicial indica que Álvarez Puga fue detenido por las autoridades migratorias, y que su defensa busca impugnar la legalidad o las condiciones de su detención.
Declaraciones oficiales en México sobre el caso
En abril de 2025, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, y la presidenta Claudia Sheinbaum abordaron públicamente el caso.
Pablo Gómez explicó que Álvarez Puga e Inés Gómez Mont fueron incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas como medida preventiva para suspender temporalmente el acceso a recursos cuyo origen se presume ilícito, medida que busca proteger el sistema financiero mexicano.
Gómez precisó que, aunque los bloqueos son ordenados por la UIF, los bancos son los que los ejecutan, y que las personas bloqueadas tienen la posibilidad de impugnar la decisión mediante juicio de amparo o vía administrativa.
En el caso de Álvarez Puga, un amparo otorgado por un tribunal permitió que se reanudaran ciertos servicios financieros antes de que se resolviera el fondo del asunto.
El titular de la UIF subrayó que “una cosa es el error judicial o la mala interpretación de las leyes por los jueces, otra muy distinta es que existan estructuras de corrupción que faciliten que se eludan las sanciones.
Lo que se ha discutido en el Congreso y en el Gobierno es fortalecer el sistema de prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, advirtió.
Sheinbaum agregó que Álvarez Puga y su entorno fueron acusados de fraudes en el sistema de prisiones y de beneficiarse de obras simuladas, lo que llevó a la justicia mexicana a perseguirlos antes de que se trasladaran a Estados Unidos.
La presidenta enfatizó que la medida de la UIF fue preventiva, y que los recursos bloqueados solo buscaban garantizar que el sistema financiero nacional no fuera afectado mientras se resolvía el caso judicial.
Acusaciones y antecedentes
En México, Álvarez Puga es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como presunto operador de empresas fantasma que simulaban contratos millonarios con dependencias federales entre 2016 y 2017. Según las investigaciones, a través de su despacho se habrían desviado más de 3,000 millones de pesos mediante facturación falsa y transferencias a compañías sin empleados ni infraestructura real.
Las órdenes de aprehensión en su contra fueron giradas en 2021, y desde entonces se le consideraba prófugo de la justicia. En ese año, la Interpol emitió una ficha roja para su localización y detención con fines de extradición, lo que llevó a que el caso trascendiera internacionalmente.
Rastro legal en Estados Unidos
Medios anglosajones documentaron desde 2021 que Álvarez Puga se encontraba en EE.UU. y enfrentaba señalamientos por presunto lavado de dinero vinculado a recursos públicos mexicanos.
El nuevo registro judicial en Miami marca un giro en el caso: el número de expediente y la referencia al centro migratorio Krome North confirman que se encuentra bajo la jurisdicción del ICE, lo que abre la posibilidad de que México solicite formalmente su extradición.
Próximos pasos
La detención en Miami podría ser el primer paso de un proceso de extradición si México formaliza la solicitud. Mientras tanto, la audiencia de habeas corpus definirá si Álvarez Puga continúa bajo custodia de ICE o puede solicitar una medida migratoria distinta. Los registros federales consultados confirman actividad procesal reciente, lo que indica que el caso ya está en revisión judicial.
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