Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 21 segundos
El 14 de octubre de 2024, en el Senado se llevó a cabo una mesa de diálogo con el objetivo de fortalecer tres iniciativas de ley en el ámbito de la ciberseguridad. Este encuentro se centró en establecer un marco que priorice a las personas, garantice el respeto a los derechos humanos, facilite la capacitación, aborde las brechas digitales (incluida la de género) y ofrezca claridad jurídica para evitar ambigüedades que puedan poner en peligro tanto los derechos individuales como la seguridad pública.
Puntos a destacar
- En el Senado hay tres iniciativas legislativas distintas que pretenden crear una ley nacional de ciberseguridad.
- El objetivo es que la legislación ponga en el centro a las personas, combine protección tecnológica y jurídica, y cierre la brecha digital.
- Representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, academia, consultoría y organizaciones de derechos digitales participaron y ofrecieron recomendaciones.
- La ciberseguridad debe respetar derechos humanos y principios como necesidad, proporcionalidad, legalidad y rendición de cuentas.
- Se señalaron riesgos adicionales: brecha digital de género, sesgos en algoritmos y la necesidad de capacitación pública y privada.
- Una falla en ciberseguridad puede tener consecuencias graves, incluso costar vidas, por lo que se requiere claridad terminológica y armonización jurídica.
Mesa de diálogo “Seguridad en el espacio digital”
Luis Donaldo Colosio Riojas inauguró la mesa de diálogo “Seguridad en el espacio digital” en el Senado para analizar y enriquecer tres iniciativas legislativas que buscan expedir una ley nacional de ciberseguridad. El propósito es que la normativa:
- Coloque a las personas en el centro.
- Garantice la seguridad en el entorno digital.
- Se armonice con obligaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Colosio subrayó que legislar en ciberseguridad no es solo ajustar normas o políticas públicas. También es cerrar la brecha digital y fomentar el conocimiento de herramientas y tecnologías para una convivencia digital segura.
Declaraciones y principios propuestos
Xavier Rodríguez Cerano, director de Informática de la Secretaría de la Defensa Nacional, afirmó que “la ciberseguridad no debe concebirse sólo como un escudo tecnológico, sino como una herramienta que garantice la privacidad, la libertad de expresión, la protección de datos personales y el acceso seguro a los espacios digitales; pero con la garantía de que la tecnología sirva al ciudadano y no de forma contraria.” Agregó que “Un marco regulatorio sobre ciberseguridad debe construirse en el corpus nacional e internacional de derechos humanos, sustentado en los principios de necesidad, proporcionalidad, legalidad y rendición de cuentas.” El funcionario señaló que la Constitución, las leyes de protección de datos y tratados internacionales (ONU, OEA y el Tratado de Budapest) guían una ciberseguridad enfocada en las personas.
Recomendaciones técnicas y de política
Brian Castro Rodríguez, consultor, propuso una política integral adaptada a un marco único, tomando como referencia experiencias de países más avanzados. Además subrayó la importancia de promover la cultura de ciberseguridad e incentivar la capacitación para usuarios, proveedores de servicios y trabajadores de la administración pública federal.
Riesgos sociales y derechos
Ana Gaitán, de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales, destacó la brecha digital de género y la falta de competencias digitales como factores que agravan la vulnerabilidad en línea. Advirtió sobre los sesgos de discriminación en algoritmos de sistemas automatizados que procesarán información en plataformas de inteligencia artificial y dijo: “Una política de ciberseguridad también tiene que hacer una mitigación de estos riesgos.”
Consecuencias legales y de seguridad
Anahiby Anyel Becerril Gil, de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho, advirtió que “una falla en materia de ciberseguridad puede costar vidas“. Por lo que pidió instrumentos jurídicos y procesamientos en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad armonizados con derechos humanos y libertades fundamentales. También señaló la necesidad de evitar términos ambiguos y distinguir conceptos: ciberdelitos, cibercriminalidad, ciberseguridad de la información, seguridad nacional, pública e infraestructura estratégica.
En conclusión
El conversatorio buscó recoger experiencias y propuestas para enriquecer las iniciativas existentes en el Senado y traducirlas en un marco regulatorio que potencie los derechos y coloque a las personas en el centro. El proceso legislativo continuará con el análisis de las tres iniciativas. Posiblemente de la incorporación de las recomendaciones planteadas por autoridades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
