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Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, firmó la Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, consolidando un marco legal que busca garantizar el derecho humano al agua y transformar la gestión de este recurso en el país.
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, destacó que la ley se basa en una visión humanista y garantista:
“El agua es un derecho humano, no un privilegio; es una fuente de vida, no una mercancía; es un bien público, no de derecho privado. Privatizar el agua es robarle a los pueblos su futuro; defender este derecho es defender la vida, la soberanía y la justicia social”, señaló.
Godoy Ramos recordó que la iniciativa fue construida con un amplio proceso de consulta iniciado en diciembre de 2024, que incluyó a gobiernos estatales y municipales, académicos, expertos, organizaciones sociales, comunidades indígenas y afromexicanas. También se realizaron foros regionales bajo el título “Transformando el régimen del agua en México”, donde se recogieron propuestas de usuarios y representantes del sector público y privado.
Entre los objetivos de la Ley General de Aguas se encuentran garantizar el acceso equitativo al agua, fortalecer los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, regular la captación de agua pluvial y promover una cultura de cuidado del agua que asegure su disponibilidad para las generaciones presentes y futuras.
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, explicó que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales significan un cambio profundo: el agua deja de verse como mercancía y se reconoce como un bien estratégico de la nación. Entre las medidas clave destacan:
- El Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua.
- Se elimina la transmisión de concesiones entre particulares.
- Toda prórroga de concesiones será evaluada técnicamente por la Conagua.
- Se prohíben los cambios de uso de concesiones sin un nuevo título autorizado.
- Creación de un Registro Nacional del Agua confiable y transparente.
- Sanciones más estrictas por uso indebido o ilegal del agua, incluyendo penas de 1 a 10 años de prisión por delitos hídricos.
- Establecimiento de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales con los recursos recuperados de concesiones devueltas o no utilizadas.
Sheinbaum enfatizó que la firma de la ley pone fin a las prácticas mercantilistas iniciadas en 1992, cuando las concesiones de agua se convirtieron en títulos vendibles y transmisibles entre privados.
“El agua es un recurso escaso y estratégico; necesitamos ordenarla para garantizar el derecho humano al agua. Con esta ley, recuperamos para la nación este gran recurso natural y devolvemos a la población un derecho esencial para la vida y el desarrollo”, afirmó.
Con la firma de la presidenta en la conferencia matutina, la ley entra en vigor, marcando un cambio histórico en la gestión del agua en México y estableciendo reglas claras para la conservación, el uso eficiente y la protección de las cuencas del país.
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