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En la conferencia de prensa matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema al ser cuestionada sobre la situación legal de TV Azteca y la implicación de tribunales mexicanos en el proceso.
“Sí, hay un juicio civil relacionado con este grupo empresarial en la Ciudad de México, que data de la pandemia, cuando se argumentaba que no se podía pagar dada la situación sanitaria y económica”, explicó la mandataria. Sheinbaum destacó que el juez involucrado en México no informó a las autoridades estadounidenses y otorgó validez a los recursos presentados, lo que ahora será revisado por el tribunal de la Ciudad de México.
La presidenta señaló que este caso no solo tiene relevancia local, sino que también forma parte de un arbitraje internacional, donde se evalúan disputas económicas bajo tratados comerciales. Sheinbaum recalcó que el gobierno mexicano mantiene su postura de que las obligaciones financieras deben cumplirse.
“Hay un arbitraje en donde están pidiendo que el Estado mexicano intervenga. Nosotros, evidentemente, si hay una deuda, pues tiene que pagarse”, afirmó.
En este sentido, recordó que cualquier persona física o moral con deudas pendientes ante Hacienda o el SAT tiene derecho a descuentos por multas si decide liquidarlas conforme al Código Fiscal; de no cumplirse con el pago, los juicios continuarán y podrían derivar en otras conclusiones legales.
El caso ha generado atención por la posible participación de tribunales mexicanos en la validación de recursos que buscan eludir obligaciones internacionales, lo que resalta la importancia de la transparencia y coordinación entre autoridades locales y extranjeras.
Además, pone de relieve el papel del arbitraje internacional como mecanismo para resolver disputas comerciales entre empresas y Estados, especialmente cuando los conflictos trascienden fronteras.
“Lo importante es que se diga que se tiene que pagar y que esto se resuelva, porque no solo afecta a este caso, sino también a la credibilidad de México en arbitrajes internacionales”, concluyó la presidenta Sheinbaum.
El conflicto comenzó cuando TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, promovió demandas en México con el argumento de que la pandemia imposibilitaba cumplir con sus obligaciones financieras. No obstante, las operaciones relacionadas con el bono deuda estaban bajo la jurisdicción estadounidense, lo que derivó en la intervención de un juez federal en Nueva York, quien ordenó desistirse de las demandas mexicanas.
El monto en disputa asciende a 580 millones de dólares y se encuentra ligado a compromisos contractuales previos, cuya falta de pago generó el arbitraje internacional; este mecanismo se activa cuando existen disputas económicas que involucran tratados comerciales y requieren la intervención del Estado mexicano como garante de cumplimiento.
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