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El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para que las bebidas electrolíticas, como Electrolit, dejen de ser consideradas productos con trato fiscal especial y sean gravadas de la misma manera que las bebidas azucaradas o con edulcorantes, dentro del Paquete Económico 2026, explicó Puente Salas.
Actualmente, productos como Electrolit, elaborado por Laboratorios PISA, S.A. de C.V., cuentan con registro sanitario 90127 SSA y se comercializan como solución oral de sales de rehidratación bajo la clasificación ATC A07CA, para la prevención y tratamiento de deshidrataciones leves a moderadas, sin embargo, expertos en salud advierten que no debe considerarse un medicamento, especialmente en casos de deshidratación severa.
Realmente es Electrolit un medicamento
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que un suero oral efectivo debe contener aproximadamente 2.6 gramos de glucosa por cada 100 ml de solución, concentración diseñada para facilitar la absorción de líquidos y electrolitos en situaciones de deshidratación médica.
Por otro lado, Electrolit contiene alrededor de 5 gramos de azúcar por cada 100 ml, casi el doble de lo recomendado por la OMS. Esta diferencia puede afectar la eficacia de la rehidratación en pacientes con deshidratación grave, ya que un exceso de glucosa puede interferir con la absorción de sodio y agua en el intestino.
Además, Electrolit está formulado para situaciones de deshidratación leve a moderada, como las causadas por ejercicio intenso, calor o consumo de alcohol. No está diseñado para reemplazar los sueros orales estándar utilizados en entornos médicos, que tienen una composición específica para tratar la deshidratación severa.
Por lo tanto, aunque Electrolit puede ser útil para la rehidratación en situaciones cotidianas, técnicamente no debería considerarse un medicamento para tratar la deshidratación médica; en casos de deshidratación grave, es fundamental utilizar sueros orales con la composición recomendada por la OMS y consultar a un profesional de la salud.
La iniciativa del PVEM también destaca la comparativa de azúcar respecto a los sueros orales estándar:
| Producto | Azúcar (g/100 ml) | Propósito de uso |
| Electrolit |
5 |
Rehidratación tras ejercicio, calor, resaca |
| Electrolit Zero |
0 |
Rehidratación sin calorías ni azúcares |
| Suero Oral (OMS) | 2.6 |
Tratamiento de deshidratación médica |
La iniciativa señala que Electrolit está formulado para situaciones de deshidratación leve a moderada y su exceso de glucosa respecto a los estándares médicos demuestra que su uso es principalmente recreativo o hidratante, no medicinal.
Por qué llamarlo medicamento y no bebida
A pesar de su uso clínico y registro sanitario, estas bebidas se venden libremente en tiendas y supermercados, pero se catalogan como medicinales, lo que les ha permitido mantener beneficios fiscales. Según Puente Salas, su contenido de glucosa es mayor a lo recomendado por la OMS, lo que representa un riesgo para la salud pública.
De acuerdo con lo expuesto por el PVEM, en 2025, las ventas de estos productos rondan los 17 mil millones de pesos, lo que implicó que el IVA no pagado ascienda a 2 mil 667 millones y el IEPS a 745 millones de pesos, sumando más de 3 mil 400 millones de pesos que se dejaron de recaudar.
La iniciativa contempla modificaciones a la Ley del IVA, a la Ley del IEPS y a la Ley General de Salud, con el objetivo de gravar estas bebidas, obligarlas a cumplir con el etiquetado frontal de advertencia y eliminar un trato discriminatorio frente a otras bebidas azucaradas o con edulcorantes.
Según Puente Salas, de aprobarse la reforma, la recaudación podría superar los 23 mil millones de pesos hacia 2030, recursos destinados a fortalecer el sistema de salud.
El legislador destacó que la propuesta aún debe revisarse con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y con el grupo mayoritario de Morena, pero confió en que prospere bajo el principio de igualdad fiscal.
El polémico paso de su fabricante por México…
También aclaró que la iniciativa no está dirigida a ninguna marca específica, sin embargo, PiSA, una de las principales empresas farmacéuticas de México, y fabricante de la bebida rehidratante Electrolit, ha estado en el centro de múltiples polémicas que cuestionan su ética empresarial y su relación con el sector público.
Desde principios de los años 2000, PiSA ha enfrentado sanciones por prácticas anticompetitivas; entre 2003 y 2006, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) multó a la compañía junto con otras farmacéuticas por colusión en licitaciones de insulina, lo que provocó un aumento artificial de precios y afectó directamente a pacientes del IMSS.
En 2017, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a PiSA por 30 meses y le aplicó una multa superior a los 2 millones de pesos luego de detectar que había falseado información en una licitación con el IMSS.
Dos años después, en 2019, la empresa fue señalada por el gobierno federal de provocar un desabasto de metotrexato, medicamento esencial para niños con cáncer, situación que desató una crisis de suministro en el país.
A pesar de estar bajo investigación, en 2020 otra empresa del grupo, Prefarma, obtuvo contratos gubernamentales por casi 20 millones de pesos, lo que reavivó cuestionamientos sobre la transparencia y la regulación del sector farmacéutico.
Finalmente, en 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la inhabilitación impuesta a PiSA, permitiéndole retomar la participación en licitaciones públicas.
El papel de los amparos y la justicia administrativa
En relación con estas prácticas por parte de la justicia administrativa, a pregunta expresa de Revista Fortuna, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió la semana pasada sobre los abusos en el uso del amparo dentro de los juicios administrativos, particularmente en casos relacionados con contrataciones públicas y responsabilidades de empresas proveedoras del gobierno.
“Sí se ha abusado mucho del amparo. Ahora, es evidente que el amparo es indispensable en el país. El ciudadano o la ciudadana tiene que tener instrumentos jurídicos que le permitan defenderse frente a un acto de autoridad. Eso nadie lo pone en duda. El problema es el abuso de esta figura, tanto en lo administrativo como en lo penal o mercantil”.
La presidenta señaló que el mayor problema se presenta en materia administrativa, donde jueces han otorgado suspensiones que permiten a empresas seguir operando con el gobierno, pese a incumplimientos graves en contratos:
“Una empresa que se ve que no entregó los medicamentos que se comprometió a entregar, que va y se ampara, dice: ‘El gobierno tiene que seguirnos contratando, no puede inhabilitarnos’. Bueno, y eso dura años. Pues no, que dure meses y que se resuelva de fondo”.
El abuso de la figura del amparo en este terreno ha provocado que inhabilitaciones y sanciones económicas resulten poco efectivas como en el caso de PiSA; de hecho, con multas bajas y periodos de sanción mínimos, el costo-beneficio de defraudar al Estado ha resultado favorable para los proveedores que incumplen.
A esto se suma la tendencia de los juzgados administrativos a conceder suspensiones que devuelven a los contratistas al circuito de licitaciones.
Es, en parte, gracias a estas herramientas jurídicas que PiSA continúa operando en el mercado, a pesar de la serie de sanciones y polémicas que han marcado su trayectoria, lo que mantiene abierto el debate sobre la regulación efectiva de la industria farmacéutica mexicana.
Cómo podría actuar el gobierno para gravar bebidas electrolíticas
Para gravar las bebidas electrolíticas como Electrolit, el gobierno mexicano tendría que demostrar que estos productos no cumplen con los requisitos esenciales de un medicamento, como prescripción médica o indicaciones clínicas específicas, y que su consumo es principalmente recreativo o rehidratante.
Esto incluiría evaluar contenido de glucosa, propósito de uso, etiquetado y presentación, mediante peritajes y análisis de composición. Autoridades de otros países muestran caminos viables para estas medidas:
En Reino Unido, el impuesto a bebidas azucaradas (Soft Drinks Industry Levy) se aplica por bandas según gramos de azúcar por cada 100 mililitros, incentivando la reformulación de productos y estableciendo un modelo basado en contenido, no en categoría de medicamento.
En Estados Unidos, la FDA ha reclasificado históricamente ciertos productos entre “drugs” y “foods/medical foods”, lo que demuestra que la reclasificación institucional es posible mediante regulaciones y guías.
Sin embargo, la implementación requiere prever riesgos y obstáculos. Las empresas podrían recurrir a demandas o amparos alegando que sus productos sí cumplen requisitos de medicamento. La autoridad fiscal y sanitaria también debe basar sus decisiones en criterios científicos claros, ya que criterios ambiguos podrían ser anulados por tribunales.
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