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Más allá del déficit propuesto para el siguiente año, la gran pregunta que se cierne sobre la economía mexicana es la falta de una reforma fiscal. La renuencia a implementarla deja poco margen para seguir aumentando la recaudación en el mediano y largo plazo, lo que es un problema estructural.
El Paquete Económico 2026 refleja el intento de la nueva administración por equilibrar un discurso de disciplina fiscal con una agenda ambiciosa de gasto social e infraestructura.
Reitera el compromiso de lograr la consolidación fiscal, aunque el cumplimiento de ésta se ha venido aplazando en el tiempo, y deja evidencia de la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.
De primera instancia, los supuestos macroeconómicos lucen sobreestimados, el optimismo del gobierno en sus supuestos de crecimiento, tipo de cambio e inflación implica riesgos latentes para el cumplimiento de las metas fiscales, especialmente si las condiciones globales o locales se deterioran o si surgen presiones internas que eleven el gasto.
De hecho, la sobreestimación del Producto Interno Bruto (PIB) podría tener un impacto directo en los ingresos tributarios, que según el paquete, representarían el 57.3% del total y crecerían 6.3% en términos reales, alcanzando el 15.1% del PIB.
Sin embargo, debo señalar que, a pesar del menor crecimiento económico, la mayor fiscalización y el programa de aduanas, han traído buenos resultados en los ingresos del IVA e ISR.
Así mismo el hecho que el menor crecimiento en la economía no ha dislocado en gran medida el déficit fiscal. Otro tema medular de preocupación para los ingresos, es la sobreestimación de la plataforma petrolera, que estima una producción- incluyendo a privados-de 1.8 mdbd, lejana de las cifras actuales.
Estrechez
Más allá del déficit de 2026, la gran pregunta que se cierne sobre la economía mexicana es la falta de una reforma fiscal.
La renuencia a implementarla deja poco margen para seguir aumentando la recaudación en el mediano y largo plazo. Este es un problema estructural, especialmente si se considera que el aumento en el gasto por pensiones (contributivas y no contributivas) continuará ejerciendo una presión constante.
Tan sólo el presupuesto del 2026 para programas sociales asciende a 987 mil millones de pesos, lo que representa un 2.6% del PIB, con una tendencia inercial de crecimiento por la base demográfica.
Con las cifras presentadas en el paquete económico, el margen de maniobra de la federación es sumamente estrecho, pues la suma de los programas sociales, el costo financiero, las pensiones y los recursos destinados a Pemex y a CFE representan casi la totalidad de los ingresos.
En cuanto al nivel de deuda a PIB, las estimaciones de la SHCP lucen de igual manera optimistas, pues de acuerdo con la dependencia, se mantendrá en un nivel de 52.3% hasta el 2031.
Sin embargo, en los últimos años (desde el 2019 al cierre del 2024) la deuda a PIB ha aumentado 8 puntos porcentuales.
El ajuste en el déficit y un superávit primario son señales positivas para los mercados, aunque el cumplimiento de los objetivos dependerá en buena medida de un entorno macroeconómico favorable y de la continuación de una férrea recaudación.
En este contexto, la credibilidad del marco fiscal y la ejecución eficiente del gasto serán fundamentales para sostener la confianza de los inversionistas y las agencias calificadoras.
No obstante, la falta de una reforma fiscal estructural, sumada al crecimiento inercial de programas sociales y pensiones, genera un margen de maniobra fiscal sumamente estrecho. El Paquete 2026 aplaza la consolidación y levanta cuestionamientos sobre la sostenibilidad futura.
